El Gobierno ha comenzado a negociar con los grupos parlamentarios una nueva regularización para conceder permisos de residencia y trabajo a unos 500.000 inmigrantes que han llegado a España antes de 2025. El Ejecutivo toma como base una iniciativa legislativa popular (ILP), presentada en abril del año pasado con 600.000 firmas de apoyo, que todos los grupos del Congreso, menos Vox, apoyaron y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa para permitir la regularización de quienes se queden fuera del Reglamento de Extranjería, que entró ayer en vigor.

El nuevo texto, impulsado por el PSOE en la Cámara baja, propone un "régimen transitorio, excepcional y limitado en el tiempo" y plantea la fecha de llegada del 31 de diciembre del año pasado como tope para los inmigrantes que quieran legalizar su situación, aunque se abre a negociarla durante el proceso parlamentario. Los beneficiarios de esta medida deberán cumplir ciertas condiciones, como no tener antecedentes penales, demostrar su estancia en España desde ese periodo o acreditar su situación de vulnerabilidad, según el borrador del documento.

La propuesta socialista se marca como objetivo cubrir las carencias del nuevo Reglamento de Extranjería, que desde este martes ha abierto la puerta a la regularización de unos 300.000 inmigrantes en España, pero que, según las organizaciones sociales, deja en el aire la situación de los solicitantes de asilo rechazados.

"Bienvenido sea este debate, que ahora coge velocidad de crucero", se felicitó este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. La parte socialista del Gobierno cree que el texto puede recibir la luz verde del Congreso antes del verano y convertirse en un decreto ley en los seis meses siguientes, pero el borrador del documento no ha contentado a ningún partido. Por una parte, a las formaciones más a la izquierda les parece insuficiente. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, pidió que se debata la fecha del 31 de diciembre de 2024 porque "ya ha pasado tiempo" y que se acorten los plazos de aprobación. Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, reclamó al Gobierno aprobar la regularización por real decreto si "de verdad" tiene "voluntad".

En el otro lado, el documento recibió la contestación del PP, que acusó al Ejecutivo de inmiscuirse en la tramitación legislativa. "Nos sorprende que el Gobierno se entrometa de esta forma en una cuestión que le compete solo a los grupos parlamentarios. La ley está en fase de ponencia y es en la ponencia donde se debaten las enmiendas", dijo el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, que criticó a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, por negociar "sin ser diputada". 

El PP reclama más requisitos para los inmigrantes regularizados, como asumir los valores constitucionales, además de exigir que no se produzcan regularizaciones masivas, y esgrimirá estas condiciones durante el trámite parlamentario, pero en todo caso, parecen dispuestos a pactar una regularización "ordenada", en línea con la Conferencia Episcopal y Cáritas, que muestran una posición favorable a la acogida de los extranjeros, y con las organizaciones empresariales, partidarias de la medida ante la escasez de mano de obra en el mercado laboral. También Canarias, gobernada por Coalición Canaria en coalición con el PP, apoya el acuerdo. "No puedes condenar a los inmigrantes a vivir en la economía sumergida", subrayó ayer el presidente canario, Fernando Clavijo.

Como cabía esperar, Vox mostró un rechazo frontal a una iniciativa que considera "un desprecio infinito a España". "La nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo y mucho menos un arma política para configurar el censo, que en última instancia es lo que busca el Gobierno de Sánchez", afirmó la portavoz en el Congreso, Pepa Millán. Vox registró una iniciativa para modificar la vigente ley de Extranjería "al objeto de restringir la regularidad de inmigrantes ilegales a través del arraigo". 

SOLICITANTES DE ASILO

El Reglamento de Extranjería, el paso previo a la ILP que ahora negociará el Congreso, dejaba en el aire a miles de solicitantes de asilo cuya solicitud de protección internacional haya sido rechazada. En estos casos, deben pasar entre seis meses y dos años en situación irregular para poder ser regularizados. También los jóvenes tutelados y extutelados ven cómo sus condiciones se endurecen.

El Reglamento de Extranjería aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento de Inclusión, el 19 de noviembre, establece cinco modalidades de arraigo: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, una modalidad dirigida a quienes que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años que no se hubiera renovado por alguna razón.

También reduce el tiempo exigido de permanencia en España para acceder al arraigo de tres a dos años, flexibiliza los requisitos que se deben cumplir y permite contabilizar tanto el trabajo por cuenta ajena como por propia desde el primer momento. Todas las autorizaciones iniciales serán de un año (salvo la familiar, de cinco) y las renovaciones, de cuatro.