La jueza de Catarroja, en un duro auto con un léxico jurídico más propio de una sentencia que de una resolución de fase de instrucción como esta, rechazó este miércoles la petición de la acusación popular ejercida por la asociación Liberum de indagar si no se convocó y por qué el Consejo de Seguridad Nacional, por parte del presidente Pedro Sánchez, el día de la tragedia de la dana. 

Pero la magistrada no sólo argumenta el por qué de desestimar la prueba. Uno de los párrafos contiene un contundente pronunciamiento sobre la responsabilidad del Consell valenciano: "El desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración Autonómica, administración que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido", recoge el auto.

La magistrada justifica su decisión en que el análisis de la convocatoria de ese órgano "queda extramuros completamente del procedimiento penal" en curso y "carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones" producidos el 29 de octubre del pasado año. La jueza responde en el auto a la posición de algunas acusaciones de que por parte del Gobierno central debió dictarse la situación de emergencia nacional. "Ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la administración autonómica, de la que formaban parte los investigados, como consellera y secretario autonómico, la declaración de emergencia nacional. Existió consenso a nivel regional y central en que no procedía el día 29 de octubre, ni tampoco los días posteriores", explica el auto de la jueza de Catarroja. 

Además, añade, "dicha declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección". Asimismo, la instructora señala que el juzgado de la que es titular "carece de competencia" para analizar si el presidente del Gobierno convocó el citado consejo. Y agrega que "tampoco se puede pretender la justificación de dicha incapacidad a través de la reiteración en la atribución de responsabilidades a quien comparece como testigo, ni su sometimiento a una ordalía de preguntas propias de un investigado. Dicha actuación es absolutamente contraria a cualquier tipo de garantía procesal", afea a la solicitud de la acusación.

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DECLARACIONES POSPUESTAS

Y concluye: "En cualquier caso, el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno Central por la no declaración de emergencia nacional, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la administración autonómica". El auto no es firme y puede ser recurrido. El juzgado también ha pospuesto las declaraciones como testigos de dos técnicos que ejecutaron el envío del mensaje Es-Alert, previstas para el próximo 29 de abril, a los días 6 y 15 de mayo.