Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo cargaron este viernes contra la decisión del Gobierno vasco de dar al preso de ETA Mikel Otegi un permiso para ir al médico sin custodia policial. Covite, la principal entidad vasca de damnificados del terrorismo, mostró su "malestar" al área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que lidera Nerea Melgosa. "No se trata de que sea legal, es que no es ético ni estético mostrar tanta confianza en un preso de ETA que no está arrepentido o que, al menos, no ha dado ninguna muestra pública de ese arrepentimiento", denunció Consuelo Ordóñez. Otegi fue condenado en 2012 a 34 años de prisión por el asesinato de dos ertzainas, Iñaki Mendiluze y José Luis González.

Ese permiso para ir desde la cárcel de Zaballa a Vitoria al odontólogo, que duró tres horas, fue concedido por la Administración Penitenciaria, un organismo dependiente del Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. La posición del Ejecutivo de Urkullu respecto de este permiso es muy clara. Insisten en que la salida de un preso sin custodia policial está contemplada y prevista en el artículo 155.4 del reglamento penitenciario y "no es algo excepcional", según explica el juez Jaime Tapia, asesor penitenciario del Ejecutivo. Hay dos parámetros que juegan a favor de los reclusos de la banda. Lo que se valora es "que no haya riesgo de fuga y que no haya riesgo de reincidencia". Esos dos supuestos, desaparecida ETA, no concurren.

La legalidad parece haberse cumplido escrupulosamente pero las asociaciones de víctimas insisten en otro aspecto clave: la gravedad de los delitos. "Los crímenes que ha cometido en nombre de ETA son los delitos más graves de nuestro Código Penal". A juicio de la entidad que preside Ordóñez, su salida de la cárcel sin policías supone "un escándalo totalmente justificado y un agravio doloroso para las víctimas". Covite se pregunta si habrían hecho lo mismo con "un violador o un asesino machista" y añaden que "en condenados por delitos menos graves no les conceden permisos de este tipo".

"TRASTORNO PSIQUIÁTRICO" 

La AVT estaba pendiente de "tener una reunión con el Gobierno vasco para que nos explique si esta y otras informaciones que han ido saliendo en medios de comunicación relativas a otros presos de ETA están dentro de la legalidad o si por el contrario, se está dando un trato de favor a los etarras que cumplen condena en cárceles vascas".

Otegi asesinó el 10 de diciembre de 1995 en la localidad guipuzcoana de Itsasondo a los ertzainas Iñaki Mendiluze y José Luis González. Según la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2012 le condenó a 34 años de cárcel, Otegi, militante de Jarrai, había tenido ese día un encontronazo con un ertzaina de paisano, al que golpeó y llamó "cipayo". Luego se fue de fiesta a un concierto y volvió a su caserío conduciendo a "excesiva" velocidad. Dos ertzainas le vieron al volante de forma extraña y le siguieron. Cuando los agentes acudieron a su casa para multarle, les disparó a menos de dos metros y por la espalda con una escopeta de caza.

Tras el doble asesinato, cogió la emisora de radio de la patrulla y llamó a la comisaría. Después se dirigió a uno de sus vecinos: "Dos hijos de puta menos". Las víctimas eran Iñaki Mendiluze, natural de Zumarraga de 26 años que planeaba casarse, y José Luis González, vecino de Galdakao de 34 años cuya esposa estaba embarazada de siete meses.

Otegi fue detenido y juzgado por un jurado popular en San Sebastián. En marzo de 1997 el tribunal popular le absolvió al considerar que no era dueño de sus actos cuando disparó. También tuvieron en cuenta que "se arrepintió" y que sufría un trastorno psíquico consistente en "una personalidad propensa" a creerse acosado "por la Ertzaintza". Cinco días después Otegi fue puesto en libertad. Poco después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el juicio y ordenó que se repitiera la vista oral. Para entonces había huido. Escapó a Francia, donde se incorporó a ETA. En 2003 fue detenido y condenado por pertenencia a banda terrorista. Tiene pendientes más de 10 años de condena por el asesinato de los dos ertzainas.