Los 3.600 dispositivos telemáticos que están activos en todo el país para cumplir las medidas cautelares en materia de violencia de género utilizan una tecnología "desfasada", cuya red de tercera generación (3G) está inmersa en un proceso de apagón que culminará en 2025. Esta circunstancia ya repercute en la disminución de la potencia de emisión de estos equipos, similares al funcionamiento de un teléfono móvil, ya que se generan "zonas de sombra" sin cobertura, según avisan fuentes policiales. 

Estas limitaciones técnicas dificultan la localización de la mujer en caso de que el agresor vulnere la orden de alejamiento judicial. El motivo es que el seguimiento de estos dispositivos depende del sistema de geoposicionamiento GPS, que funciona a través de la red de satélites. Y en caso de que falle esta señal se activa un sistema secundario denominado GSM, que consiste en identificar y localizar la estación base -antenas que la operadora de telefonía tiene distribuidas por la geografía nacional- donde se registra el dispositivo según su ubicación. En ambos casos su eficacia va de la mano de la capacidad de cobertura de la terminal. 

La mayor parte de los dispositivos instalados los utilizan víctimas que tienen una valoración de riesgo "medio, alto o extremo" en el sistema VioGén. En el último año su implantación ha crecido un 30%, al pasar de 2.774 en abril de 2022 a 3.600, según los últimos datos del Ministerio de Igualdad. Andalucía, con 1.300 dispositivos por cada víctima y acusado; Comunidad Valenciana, con 470; Madrid, 345; Canarias, 222; Castilla-La Mancha, 219, y Galicia, con 203, encabezan esta lista. 

Un expediente remitido a este periódico por la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a través de una consulta en el Portal de Transparencia, confirma que los dispositivos actuales llevan "tecnología 3G". Se trata de una abreviación del sistema de tercera generación de transmisión de voz y datos, que ya ha quedado en desuso en favor del 4G, 4G+ y 5G. 

Telefónica, la empresa contratista del servicio, ya ha anunciado a través de su marca comercial Movistar que ha iniciado el apagado de la señal 3G en España y que en 2025 todas las antenas que aún utilizan esta red habrán sido reconfiguradas. 

Este proceso irá reduciendo de forma progresiva la capacidad del 3G, pudiéndose llegar a generar "zonas de sombra" de cobertura. Una circunstancia que explicaría las quejas transmitidas por las asociaciones de Policía y Guardia Civil consultadas respecto a la asistencia a las víctimas de violencia de género. El motivo son las "situaciones de extrema tensión" que viven los agentes que acuden a un aviso por un posible quebrantamiento de la orden de alejamiento, ya que en ocasiones tienen dificultad para localizar a la mujer amenazada porque la cobertura de su terminal "va y viene", admite un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). "Es obvio, pero la mejora de los medios repercute en la eficacia del servicio y en el tiempo de respuesta. Luego no vale lamentarse", opina un policía interpelado que trabaja en una capital de provincia y asiste a media docena de avisos semanales. El Centro de Control Cometa es el órgano encargado de la monitorización, instalación de los dispositivos y control de las alertas. Está conectado con bases de datos policiales y judiciales y permanece operativo los 365 días del año.

UN CONTRATO DE 36,7 MILLONES

En noviembre de 2008, el Gobierno socialista adoptó un acuerdo por el que encomendó a los ministerio de Igualdad, Justicia e Interior la implantación de los dispositivos de detección de proximidad de agresores por violencia de género. Medio año después sacó a concurso el contrato. En estos 14 años se han instalado más de 13.000 equipos. Cada uno se compone de tres componentes: dos los lleva al inculpado/condenado -la terminal móvil con red 3G-GPS y un transmisor de radiofrecuencia en forma de brazalete de control- y uno la víctima, similar a la primera unidad y que incorpora además una antena exterior para detectar la señal del brazalate de su expareja. En octubre de 2021, Igualdad adjudicó a Telefónica el servicio integral de seguimiento de estos medios telemáticos. Por un importe máximo de 36,7 millones y un periodo de ejecución hasta febrero de 2024, la contratista se ocupa del servicio de entrega, instalación, desinstalación y mantenimiento de estos aparatos; el servicio de implantación y explotación del sistema, de las telecomunicaciones y la red operativa. Este último cometido incluye la actividad del centro Cometa y el registro de los "problemas de calidad". Este parámetro se nutre de información técnica, de las quejas de las usuarias, guardias civiles y policías y de un estudio de satisfacción de las víctimas.

Los 36,7 millones del contrato a Telefónica se financian de forma mixta. Con cargo a los presupuestos de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de este plan hay una partida prevista para modernizar las pulseras y dotarlas de tecnología "4G o 5G para mejorar su cobertura en territorio nacional y su capacidad de transmisión de datos al centro de control". Además de reducir el tamaño y mejorar la funcionalidad de los dispositivos, desde Igualdad se admite la necesidad de realizar mejoras en la "cobertura de interiores". Telefónica, quien dentro del contrato se compromete a implementar las mejoras existentes en el mercado, no ha querido responder al cuestionario remitido por este periódico. Cuestiones relativas al mantenimiento de estos equipos con una tecnología en desuso, conocer los problemas de calidad de los dispositivos, el coste por unidad o saber cuándo se procederá al plan de sustitución. "No damos información sobre nuestros clientes", justificó de forma sucinta un portavoz de la compañía.