La división aflora en el independentismo 24 horas después de la sentencia
JxCat y Esquerra chocan ahora sobre la resolución del Parlamento catalán para rechazar la decisión del Supremo
Actualizado el 16/10/2019 a las 06:00
Por respeto a los condenados, el Gobierno catalán decidió este martes vaciar la agenda de Quim Torra y la de todos sus consejeros hasta la comparecencia de mañana del presidente de la Generalitat en la Cámara catalana. Una especie de duelo oficial que, en cambio, no evitó que JxCat y Esquerra volvieran a tirarse los trastos a la cabeza.
La división en el movimiento independentista afloró hoy, solo 24 horas después de que se hiciera pública la sentencia del 'procés'. En el fondo, como siempre, subyace la pugna de las dos principales fuerzas independentistas por la hegemonía del movimiento y que podría prolongarse hasta la primavera, que es cuando fuentes de ERC consultadas consideran que podrían celebrarse las elecciones catalanas. Lo que provocó la enésima guerra interna fue la respuesta institucional al fallo judicial. Torra vendió semanas atrás a bombo y platillo una reacción oficial a la sentencia que debía estar basada en el ejercicio del derecho de autodeterminación y la desobediencia institucional. Amagó incluso con otro 1-O.
El president comparecerá el jueves a petición propia en el Parlament, donde se celebrará un pleno extraordinario para abordar la actualidad política y judicial tras la sentencia. Quería acudir al pleno con una declaración potente bajo el brazo para que fuera sometida a la votación de los grupos parlamentarios. Sin embargo, las diferencias entre los dos socios del Gobierno le han obligado a desistir.
La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, confirmó que no habrá ninguna propuesta de resolución impulsada por el presidente de la Generalitat. El Govern, eso sí, emplazó a los grupos políticos a pactar un texto que pueda ser votado. Al cierre de esta edición, no había nada cerrado ni definitivo. De hecho, la reunión de la Mesa del Parlament acordó un formato de debate en el pleno que no contemplaba la votación final. Los últimos avisos del Tribunal Constitucional al presidente de la Cámara, Roger Torrent, han hecho mella y nadie quiere correr riesgos penales con una declaración de alto voltaje. En el ánimo de los grupos secesionistas está preservar las instituciones del autogobierno frente a las advertencias de un nuevo 155. Se trabaja para que el Parlament pueda votar un "mandato efectivo", dijo Budó. Tampoco se descartaba que las formaciones no llegaran a tiempo y se dieran de plazo hasta el pleno ordinario de la semana que viene para aprobar algún texto.
LEY DE AMNISTÍA
A día de hoy, por tanto, la respuesta institucional contundente que anunciaba Torra no pasará de un mero discurso del presidente de la Generalitat, que tendrá los habituales tintes épicos pero escaso contenido político. Se espera, como hizo hoy, que insista en la reclamación del derecho de autodeterminación. Junto a la tumba del expresidente Lluís Companys, advirtió al Tribunal Supremo de que si el objetivo de la sentencia era evitar que se repitan los acontecimientos de octubre de 2017, ha fracasado. "Lo volveremos a hacer", avisó. Asimismo, pondrá en el centro de la reivindicación soberanista la petición de una ley de amnistía para los secesionistas condenados por el Tribunal Supremo.
Las peleas entre los independentistas surgieron también por la pugna electoral del 10-N, dado que ambos tratan de capitalizar el impacto de las condenas, y por las críticas lanzadas desde ERC hacia Miquel Buch, consejero de Interior, por las cargas de los Mossos en las movilizaciones. Puigdemont ya ha pedido además ser restituido como diputado en la Cámara catalana y en ERC temen que JxCat vuelva a tener la tentación de investirle como presidente de la Generalitat. Torra buscó hoy la carga simbólica con un paralelismo histórico. Por la mañana, acudió a la ofrenda floral en el cementerio de Montjuic que se tributa todos los años al expresidente Companys, fusilado por el franquismo, y por la tarde visitó a los presos. Retórica republicana, pero acatamiento de la ley. Y aunque llegó a insinuarlo hace meses, dejó claro que no piensa abrir las prisiones para que salgan los condenados, una medida de rotunda insubordinación institucional que preconizaba semanas atrás. "Hay una legalidad española que lo impide", zanjó.
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