Una primera tanda de refugiados regresó este jueves a la barcaza dormitorio Bibby Stockholm, que el Gobierno del Reino Unido ha incluido en su batería de recursos para frenar la inmigración irregular y recortar el gasto público incurrido en su alojamiento temporal. Una veintena de activistas de Just Stop Oil, el colectivo medioambientalista opuesto a la extracción de hidrocarburos, bloquearon por unos minutos el autobús que llevó a los migrantes al puerto inglés de Portland, donde la nave atracó en julio.

En los accesos del muelle aguardaban residentes de dicha ciudad costera y también miembros de organizaciones antirracistas, que dieron la bienvenida a los nuevos y forzados inquilinos en mensajes deletreados en vistosos carteles. Se manifestaron en solidaridad con los refugiados y en protesta por su confinamiento en la "barcaza prisión", según denunció Amnistía Internacional.

"Es inhumano", protestó Carralyn Parkes, líder del ayuntamiento de Portland. La residente y concejal laborista ha interpuesto varias acciones legales contra la controvertida política del Gobierno conservador, a título personal y microfinanciadas a través de plataformas electrónicas, que resultaron en vano. Sin embargo, mantiene viva la lucha judicial porque, según sostiene, "la barcaza es un plan terrible para la comunidad (de Portland) y para los solicitantes de asilo".

RIESGO SANITARIO 

El Bibby Stockholm solo ha estado ocupado cinco noches desde que fue transportado al muelle del turístico enclave del condado de Dorset. Un total de 39 refugiados subieron a bordo en agosto, pero fueron desalojados días después por riesgo sanitario. Se habían detectado rastros de legionela en las cañerías de aguas de la embarcación y el Gobierno procedió a la evacuación.

El barco dormitorio ha sido reformado para acomodar a hasta 500 solicitantes de asilo en 222 camarotes. Los refugiados estarán confinados en régimen abierto, aunque sujetos a controles de seguridad y dependientes de autobuses especiales para desplazarse fuera de las protegidas instalaciones portuarias. Miembros de las localidades vecinas cuestionan la presencia en sus comunidades de medio millar de varones, sin pareja ni hijos en su entorno, y sin acceso a un empleo mientras se procesan sus solicitudes de asilo.

Más de 51.000 inmigrantes están alojados en hoteles, a un coste por encima de ocho millones de euros diarios, a la espera del resultado de su petición de residencia en el Reino Unido, según el Ministerio del Interior. Su titular, Suella Braverman, confía en que el confinamiento en barcazas contribuya a abaratar la factura de manutención y ejerza de efecto disuasorio.