Esta semana se constituirán los grupos parlamentarios en el Congreso. Una vez más las normas de funcionamiento de la Cámara volverán a manosearse y desfigurarse, para conseguir que los partidos que no cumplan los requisitos para formarlos, lo puedan hacer. El PSOE deberá prestar nueve diputados a Bildu entre los que podían haber estado, Isaías Carrasco, German González, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Fernando Buesa, Jáuregui, Ernesto Lluch, Froilán Elspe y Juan Pinedo, pero no va a ser posible pues son socialistas asesinados por ETA sin que el socio de Sánchez y Chivite lo haya condenado nunca, por lo tanto serán otros diputados socialistas faltos de escrúpulos y sin memoria, los que formarán el grupo de Bildu en el Congreso.

Con la constitución de los grupos, se pone en marcha el Art. 99 de la Constitución. “El Rey previa consulta con los representantes designados por los grupos propondrá un candidato”. El diccionario de la RAE define consulta como “reunión de dos o más personas para aconsejarse entre sí sobre una determinación”. No es descabellado pensar que por respeto a las instituciones y a la figura del Jefe de Estado, que en esta consulta los personajes deberían estar presentes, sobre todo cuando la decisión que el Rey debe tomar es de gran relevancia y de suma importancia para el futuro de España.

El problema surge cuando Bildu y los independentistas catalanes, al no reconocer su pertenencia a España y mucho menos la monarquía española, razón por la que ningún partido debería pactar con ellos, dicen que no acudirán a su cita con el Rey.

Si el Rey tiene que tomar su decisión, sumando los apoyos que tienen el Sr. Feijóo o el Sr. Sánchez, deberá basarse en el testimonio formal de preferencia de voto de los grupos parlamentarios que acudan y no debería interpretar lo que los medios de comunicación o el Sr. Sánchez o Feijóo le puedan decir sobre los posibles apoyos de otros grupos que no van a acudir, a menos que llevaran un poder notarial que corroborara lo dicho, ya que al no presentarse ante el Rey por acción u omisión, debe tener sus consecuencias, como la de no poder sumar los apoyos de los ausentes a ninguno de los candidatos por desconocer de forma directa sus intenciones.

Bajo mi humilde opinión, la labor del Rey no es la de interpretar las decisiones de los grupos ausentes, para tomar la suya que deberá ser un fiel reflejo de las propuestas de los que sí han acudido. Esta decisión es la más sencilla de explicar a los ciudadanos que sí creemos en las instituciones y en España como lugar común.

José Ignacio López Borderías, exsenador