En el acuerdo alcanzado por el PNV para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se prevé la transferencia de la competencia en materia de tráfico a Navarra en el plazo de seis meses con el mismo contenido que la Ertaintza en el País Vasco. Se pacta así sobre el contenido de una competencia foral que en modo alguno implica la retirada de la Guardia Civil de Navarra. Asimismo, el acuerdo afecta a la autonomía tributaria de Navarra, previendo que el proceso de determinación de los objetivos de déficit correspondientes a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra, así como el de los criterios de reinversión del superávit de las entidades locales, diputaciones forales y gobiernos en sus respectivos territorios se realizará con la participación y en el marco de las Comisiones Mixtas de Concierto (vasco) y Convenio (navarro). Ambos compromisos suponen una intromisión inaceptable del PNV en los asuntos de Navarra como si fuéramos un territorio más de Euskal Herria. Lo malo es que el candidato a presidente haya conferido así legitimidad al PNV para tratar de cuestiones que afectan única y exclusivamente a nuestra Comunidad. Conviene recordar que Geroa Bai, la formación financiada por el PNV en Navarra, obtuvo en las pasadas elecciones generales el 3,8 por ciento de los votos. Por otra parte, Sánchez ha dejado a la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, a los pies de los caballos, que ve cómo las condiciones del traspaso competencias previstas en el Amejoramiento del Fuero y del ejercicio de aspectos esenciales de nuestra autonomía financiera se pactan al margen de la voluntad de su Gobierno y del Parlamento de Navarra. En campaña electoral, Pedro Sánchez presumió de ser el único defensor de nuestro régimen foral. Poco ha durado la alegría en casa del pobre. Por otra parte, anunciar con el habitual lenguaje críptico de los nacionalistas el compromiso de “impulsar “las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia” supone un hachazo a la unidad constitucional. Dicho en román paladino, o sea en castellano inteligible, Sánchez está dispuesto a reconocer que Cataluña y el País Vasco son naciones y, en el caso vasco, a negociar un Estatuto cuyo objetivo final es establecer una relación confederal con el Estado. Sánchez desprecia a los ciudadanos que no tienen otros sentimientos nacionales de pertenencia que los de ser y seguir siendo españoles al tiempo que son y quieren seguir siendo catalanes o vascos. Olvida además que el único titular de la soberanía nacional y el que tiene la última palabra en cualquier reforma constitucional es el pueblo español. Lo triste es que con tal de seguir durmiendo en la Moncloa, Sánchez no haya dudado en asumir el compromiso de hacer saltar por los aires la Constitución de 1978, que ha permitido a España disfrutar del mayor periodo de paz en libertad de toda su historia.