Uno vio salir a la Asociación de Geógrafos de España (AGE) con la denuncia respecto a que, realizado en España su balance de “obras innecesarias” en 20 años (1995-2016), la cifra de “despilfarro” alcanzaba la más que notable cifra de “80.000 millones de euros”. Por sus detalles imagino que, en su mayoría, producto del “tengo que dejar huella de mi paso por la política”, dejando, eso sí, la huella de “productos” dormitando en su avance de ruina y/o abandono, con el punto común de las escasas o nulas responsabilidades solicitadas. Uno se queda de piedra al oír estas cifras, cuando está siendo bombardeado por las noticias de la pérdida del colchón de las pensiones, y el futuro que les vamos hacer heredar a nuestros hijos respecto a la pérdida del famoso “estado del bienestar”. De mármol, diría yo, cuando veo las cárceles vacías de los indeseables personajes que, aprovechando su posición, hicieron del dinero público su patrimonio particular. Con el agravante de la hipocresía, desvergüenza y falta de ética más imperdonable, ya que, de haber sido “su” patrimonio, jamás hubieran realizado esas “inversiones”. Y me molesta más todavía que, ante hechos demostrados y cifras así (no he visto a nadie salir a contradecirlos con datos fiables) no he visto un debate público. Pero también sé que somos un País de enorme trasiego diario de conversaciones, críticas y aportación de soluciones, en nuestros entornos sociales (familia, amigos, pausas de trabajo, bares, etc), para pasar a la absoluta clandestinidad del silencio en el momento preciso en el que podemos dar nuestra opinión en cualquier foro donde, enfrente, podamos tener a alguien diciendo aquello con lo que no estamos absolutamente de acuerdo o que consideramos no responde a lo que entendemos como correcto. Sobre todo si la persona que habla es de un nivel jerárquico superior. Personalmente diré que estas cifras de despilfarro que se manejan, respecto a dinero público, las puedo considerar pequeñas (en el mismo marco de tiempo) respecto a la realidad de la resultante global que puede proceder de un conjunto de personas, infinitamente mayor que las que pueden estar involucradas en los 80.000 millones. Pienso, a tenor de lo observado, que si se hiciese un rastreo de inversiones a niveles generales y se hiciesen auditorías de decisiones, así como de los proyectos de base y se contrastaran con las realidades de lo construido (y de las cifras permanentes de gasto que generan en mantenimientos), lo que saldría sería algo espectacular, en sentido negativo. Nos fijamos en las grandes cosas, y no nos damos cuenta que las “pequeñas” -al ser un número tan elevado- conllevan una pérdida, y fuga, indecente y constante de capital público. Estoy completamente seguro que, en un gran porcentaje, se debe a falta de competencia y/o de implicación y/o de ética profesional en los niveles que deben generar las condiciones, no solo del personal cualificado necesario, sino de todos los medios que se necesiten para ejecutar los proyectos perfectamente (un proyecto no debe ser el churro que sale, en continuo, de la freidora), y obligar a ejecutar direcciones de obra con una supervisión real y continua. Pidiendo responsabilidades y actuando si, una vez se cuente con medios y tiempos para hacer las cosas adecuadamente, se denotan incumplimientos u otras cosas ajenas a la buena práctica y ética profesional, de los propios y de los que prestan servicios por cualquier tipo de subcontrataciones. Exigencias debidas y obligadas para cualquier trabajador de cualquier escalón de ese ámbito público, que cobra el sueldo - directa o indirectamente-del resto de la Sociedad. Y que, además, tiene la suerte - los directos- de tener un trabajo asegurado o casi asegurado. Cosa que el resto (mayoría) no lo tienen. Hay mucho más que expresar pero, lógicamente, es un foro limitado. Como decían los grandes cómicos “Tip y Coll”, otro día “hablaremos del Gobierno”.

Javier M. Elizondo Osés, ingeniero técnico y trabajador de entidad pública.