El Grupo Independiente de Madres y Padres que ha reclamado el IRPF de sus prestaciones desea responder al artículo de la parlamentaria del PSN-PSOE, Ainhoa Unzu, publicado el jueves en este medio para desmentir una serie de afirmaciones sobre la reclamación que hemos defendido en el último año y medio. En primer lugar, el PSN no ha cumplido su palabra. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo declaró exentas de tributación las prestaciones por maternidad y paternidad. En Navarra, al tener una Ley de IRPF propia, el Ejecutivo en el poder en aquel momento, el cuatripartito presidido por Uxue Barkos e integrado también por Podemos, Bildu e I-E, se opuso a su aplicación. Los socialistas navarros, entonces en la oposición, apoyaron desde el primer momento nuestra reclamación diciendo que era “un tema de justicia”. Su secretaria general se comprometió a resolverlo en reuniones que mantuvo con familias afectadas, asistió a la manifestación realizada entonces por el colectivo y llegó a incluir la devolución de este dinero en su programa electoral para los comicios forales de mayo de 2019 como una de sus “medidas urgentes”. “Será una de las tres primeras cuestiones que realice si llego a ser presidenta”, afirmó. Pero no ha sido así, tras tomar posesión fue reculando en sus afirmaciones hasta decidir no devolvernos el IRPF tributado a quienes tuvimos hijos entre 2014 (hasta 2013 no se pagaba IRPF por estas rentas) y 2018, sino aplicarnos con carácter retroactivo la Ley de deducción aprobada por el cuatripartito y que entró en vigor en 2019. Una Ley que deduce en función de los ingresos al hacer la declaración de la renta, pero que no devuelve todo lo tributado, tal y como consideró el Tribunal Supremo. Por tanto, que no titule su escrito “Dicho y hecho” porque saben que no es así. Hasta desde fuera su falta de honestidad provoca un sonrojo. Además, no se ha dado una solución al tema. Y lo saben. Como colectivo afectado, defendimos que la solución de este asunto era cuestión de voluntad política y pasaba por un cambio legislativo que debía aprobar el Parlamento de Navarra. Sólo así se podría aplicar en Navarra la sentencia del Tribunal Supremo de 2018. La anterior legislatura, el cuatripartito votó en contra (a excepción de una parlamentaria de Podemos) utilizando interesadamente la foralidad navarra para dejar a las familias de esta Comunidad en peor situación que las del resto del país. Ellos lo criticaron, le dijeron a la entonces presidenta y hoy socia en el Ejecutivo, Uxue Barkos, que no nos mintiera y que cambiara la ley con efectos retroactivos. Que era legal hacerlo y que, de hecho, la Cámara ya lo había realizado con otro asunto esa misma legislatura y por unanimidad.

Al llegar al poder y no hacer lo que defendieron en aquel momento, no sólo han dejado en la estacada a quienes tuvimos hijos entre 2014 y 2018, sino a las familias que deciden ser padres desde entonces, puesto que siempre van a seguir en peor situación que sus homólogas de fuera de la Comunidad, que seguirán sin pagar IRPF por sus prestaciones mientras aquí no se aplicará nunca la sentencia del Supremo.

Por tanto, no presuman de algo que no han hecho. El Gobierno presidido por María Chivite y sustentado por Geroa Bai, Podemos e IE ha optado por la vía más fácil políticamente para no tener una crisis en el seno de su Ejecutivo. Ha elegido mantener la armonía con sus socios a los que hace meses criticaba en lugar de cumplir con su palabra, su programa electoral y su compromiso político.

Y, en tercer lugar, la justicia navarra no ha cerrado la vía de la exención. El PSN se escuda en la garantía jurídica para no cumplir con valentía lo que prometieron que harían si gobernaban y que siempre hemos reclamado como colectivo: resolver este tema por la vía política promoviendo un cambio legislativo que permita la devolución también en Navarra. Ahora, manipulan públicamente el contenido de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Navarra que en octubre de este año desestimó la petición de varios padres y madres que reclamaban la devolución del dinero tributado a la luz de la actual redacción de la Ley Foral del IRPF, pero que instó al Parlamento de Navarra a buscar una solución política a este asunto. “No se puede trasladar un problema de política legislativa al ámbito judicial”, dijo textualmente la juez. “Será el legislador el que, en su caso, si quiere, tras los cambios oportunos en el ámbito parlamentario, adapte o modifique la norma que este órgano judicial debe aplicar”, concluye el fallo.

Desmiente, por tanto, al Ejecutivo de Chivite cuando afirma que los tribunales han cerrado la vía de la exención. Ellos son quienes la han cerrado sin hacer lo que prometieron. Lamentamos que en su misiva digan sentirse “orgullosos y orgullosas” de su decisión política. Que presuman de “mejorar Navarra y la vida de quienes vivimos en ella”. No nos lo digan a nosotras, las familias perjudicadas por serlo en esta tierra. No traten de engañar a la opinión pública con nuestra reclamación. Por más que repitan una mentira siempre seguirá siendo una mentira.

Silvia Prieto Martín en representación del Grupo Independiente de Madres y Padres.