Editorial
Nuevo sobresalto en las vías
El registro de la UCO en Adif, en busca de presuntos amaños de obras, y los fallos que aún arrastra el tramo de Adamuz elevan la inquietud ferroviaria

Publicado el 06/11/2026 a las 05:00
Las recientes dimisiones en la cúpula de Transportes no han bastado para estabilizar un sistema ferroviario de alta velocidad que sigue encadenando sobresaltos. Tras las renuncias del ministro Óscar Puente y del presidente de Adif, se ha intensificado la sensación de falta de rumbo en una red sometida a un estrés sin precedentes. Que la UCO haya registrado este jueves la sede del administrador ferroviario en Madrid, dentro de una investigación contra presuntos amaños en la adjudicación de obras públicas, supone un nuevo golpe a la reputación del servicio, ya erosionado por la cadena de tragedias.
Las deformaciones que aún arrastra el mismo tramo de Adamuz, constatados en un informe que los peritos han puesto en manos de la jueza instructora, elevan la inquietud sobre la seguridad y alcance de la fiscalización. Es exigible que ambas operaciones, desveladas en precampaña electoral y sin que la crisis de gestión se haya atajado aún, eviten los intereses partidistas y respondan con rigor a la necesidad de transparencia para devolver la credibilidad al tren. Lo cierto es que Puente se ha ido sin que el Ministerio ni el gestor de infraestructuras hayan identificado con claridad las causas de las dos colisiones. En Adamuz, la vía renovada registra anomalías como la que desencadenó el accidente, mientras que en Urda se acumulan las incógnitas.
Esta falta de respuestas extiende un manto de dudas sobre los protocolos de supervisión, ahora en revisión para su refuerzo. La crisis de seguridad se ha intentado cerrar en el terreno de las responsabilidades políticas, pero sigue pendiente de resolución en el día a día de la alta velocidad. El hecho de que la sombra de Ábalos y Koldo planee hoy sobre la red, según las pesquisas emprendidas por la UCO en busca de licitaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales, sólo añade incertidumbre en un momento de acusada desconfianza.
Como garante de un servicio esencial, el Gobierno debe asegurar la normalidad en la actividad ferroviaria, desde la adjudicación del proyecto hasta la ejecución de la obra y la supervisión del área una vez en funcionamiento.