Opinión
Maristas II: érase una vez 108 familias
"Quizá haya llegado el momento de que Obenasa, el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra dejen de ser simples personajes secundarios de esta historia y asuman el papel que les corresponde"

Publicado el 06/11/2026 a las 05:00
Érase una vez 108 familias que querían una casa, que soñaban con algo que, en principio, no debería ser extraordinario: tener una vivienda digna, construir un hogar y poder mirar al futuro con cierta tranquilidad.
Un día encontraron una promoción de vivienda protegida llamada Maristas II. Parecía una buena historia: un proyecto de ciudad, una oportunidad para acceder a una vivienda y la promesa de que, con esfuerzo, ahorro y paciencia, algún día tendrían las llaves de sus casas.
Pero, como ocurre en algunos cuentos, pronto descubrimos que no todos los personajes tenían las mismas intenciones ni todos iban a asumir las mismas consecuencias. Las 48 viviendas libres se entregaron, pero las 108 protegidas quedaron atrapadas en una historia que nadie sabe muy bien cómo terminar.
Obenasa comunicó la resolución unilateral de su contrato y las familias siguen esperando una solución. Lo que iba a ser el comienzo de una nueva etapa se ha convertido en una fuente de incertidumbre, preocupación y desgaste económico y emocional.
Y aquí merece la pena detenerse en uno de los protagonistas de esta historia: Obenasa. Una empresa que contó con derecho de tanteo en la operación, que obtuvo el beneficio de la parte libre de la promoción y que, cuando las 48 viviendas libres ya estaban entregadas, dejó atrás la ejecución de las 108 protegidas. Una empresa que comunicó su retirada a las familias a escasos días del inicio previsto de las obras. ¿De verdad podemos considerar esto una simple incidencia empresarial? ¿Dónde queda el compromiso adquirido con los adjudicatarios? ¿Cómo se explica que una empresa pueda beneficiarse de una parte de una operación urbanística y desvincularse de la otra dejando a 108 familias en esta situación? ¿Y ahora somos nosotros quienes tenemos que soportar la incertidumbre y las consecuencias?
Pasamos a otro personaje del cuento: El Ayuntamiento de Pamplona, que tiene mucho que explicar. Su decisión de desvincular las licencias de primera ocupación de las viviendas libres de la ejecución de las protegidas permitió que las primeras pudieran entregarse sin esperar a que estuvieran terminadas las segundas. Aquella decisión se apoyó en la existencia de garantías que debían asegurar la ejecución de las viviendas protegidas. Hoy, con 108 familias esperando y la constructora fuera de la operación, resulta inevitable preguntar: ¿qué ha ocurrido con aquellas garantías? ¿Qué mecanismos de protección se establecieron realmente? ¿Quién asume las consecuencias? El Ayuntamiento no puede limitarse a ser un mero espectador. Debe implicarse en encontrar una solución y explicar qué responsabilidad asume ante una situación que afecta directamente a 108 familias.
Y está el Gobierno de Navarra, que habla constantemente de emergencia habitacional, de vivienda asequible y de políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que esas palabras también sirven cuando las cosas se complican. Pero en este cuento hay una contradicción que merece un capítulo aparte. En febrero de 2025, la Consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, nos advirtió a los adjudicatarios de Maristas, que superar el módulo legal de vivienda protegida podía impedir la calificación definitiva de las vivienda. Muchos recibimos aquella advertencia como una amenaza: si las familias asumíamos determinados sobrecostes, podíamos perder la protección de nuestras viviendas. Pero, ¿qué ocurre cuando los costes se disparan en promociones impulsadas por la propia Administración a través de Nasuvinsa? ¿El caso de las VPO de Garralda, cuya promoción casi quintuplica el módulo según un informe de intervención es una excepción? ¿Es esta la única promoción de Nasuvinsa que supera el módulo?
La pregunta es inevitable: ¿por qué se aplica una exigencia tan estricta cuando se trata de 108 familias de Maristas y, sin embargo, la propia Administración se encuentra con situaciones de sobrecostes de esta magnitud en sus promociones? ¿Hay una vara de medir para las familias y otra para la propia Administración? Porque hay algo que no debería ocurrir en ninguna historia: que quienes han cumplido con sus compromisos terminen pagando las consecuencias de los problemas que otros han generado.
¿Y si, en lugar de esperar a que aparezca un príncipe azul con una solución mágica, nuestras instituciones hacen algo de verdad? Proponemos que el Gobierno de Navarra habilite una subvención extraordinaria, nominativa que ayude a las 108 viviendas protegidas. Una ayuda sometida a auditoría, fiscalización y condiciones estrictas, destinada exclusivamente a terminar las viviendas y proteger a sus adjudicatarios. Pero esta propuesta tiene algo especialmente importante: no puede esperar al año que viene.
El Gobierno de Navarra está tramitando los Presupuestos Generales para 2027. Todavía existe la posibilidad de incorporar una partida específica mediante las correspondientes enmiendas presupuestarias. Pedimos que el Gobierno de Navarra y los grupos parlamentarios actúen ahora. Que estudien la cuantía necesaria, que se sienten con los adjudicatarios y que incorporen una partida presupuestaria antes de la aprobación definitiva de las cuentas. Si de verdad existe voluntad política de solucionar Maristas II, este es el momento de demostrarlo. De nada servirán las promesas cuando los presupuestos estén aprobados y vuelva a empezar el juego de pasarse las responsabilidades de una institución a otra.
Si las administraciones consideran prioritario impulsar nuevas promociones de vivienda protegida, también deberían considerar prioritario salvar las que ya están en marcha y cuyos adjudicatarios llevan años esperando. No pedimos un trato de favor. Pedimos que no se nos abandone. No queremos más reuniones sin resultados, más declaraciones institucionales ni más promesas. Queremos una solución económica, compromisos concretos y un calendario que nos permita saber cuándo podremos entrar en nuestras casas.
Quizá haya llegado el momento de que Obenasa, el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra dejen de ser simples personajes secundarios de esta historia y asuman el papel que les corresponde. Todavía estamos a tiempo de cambiar el final de esta historia. Pero el tiempo de esperar a que llegue el príncipe azul con una solución mágica se ha terminado.
Antonio Martínez Barril