El 15 de Agosto de 2004 tuvo lugar en Venezuela lo que se dio en llamar un “referéndum revocatorio” que, a la postre, se convirtió en un plebiscito favorable a Hugo Chávez, presidente del país. En la votación se utilizaron, por primera vez, máquinas electrónicas. La oposición no tuvo modo alguno de comprobar si los votos emitidos correspondían a los electores que habían depositado el sufragio. El censo electoral, lo que allí se denominaba, “Cuaderno de votación” nunca se cotejó con el contenido electrónico. La oposición denunció un pucherazo. Venezuela, iniciaba su camino hacia la dictadura Bolivariana. Desde su llegada al poder, Chávez mantuvo formalmente la arquitectura institucional de una democracia, pero su trabajo consistió en desnaturalizar estas mismas instituciones, socavando la independencia judicial, extorsionando a los medios de comunicación, vaciando de contenido la Cámara Legislativa y manipulando el censo electoral.

En Venezuela Hugo Chávez, poco antes del Referéndum que le mantuvo en el poder, puso en marcha lo que llamó, “Misión Identidad” y nacionalizó a 216.000 personas, casi todos colombianas. En una segunda oleada otorgó ciudadanía a otros 20.000 extranjeros y hasta 420.000 mas en los 2 años siguientes. Este proceso supuso un cambio de paradigma en la política de nacionalizaciones de extranjeros. El nuevo sistema masificó la obtención de ciudadanía, simplificó los trámites, eliminó requisitos para obtenerla, otorgó la nacionalidad en actos públicos, como plazas de toros o estadios y cruzó de inmediato los datos con el Consejo Nacional Electoral para que los nuevos ciudadanos pudieran votar de forma inmediata.

Algo similar pretende Pedro Sánchez con la Ley de Nietos.

A partir de 2004, se desplegó en toda su plenitud la revolución bolivariana que continuó Nicolás Maduro y que ha provocado el exilio de entre 7´8 a 8´3 millones de venezolanos según agencias como ACNUR. Organizaciones de Derechos Humanos como el Foro Penal han contabilizado hasta 19.200 detenidos por motivos políticos.

En la política nada sucede de forma espontanea. El proceso revolucionario se diseñó y ejecutó con meticulosidad calculada.

El jurista Allan Brewer-Carias, una de las mas reconocidas autoridades en Derecho Público de Hispanoamérica, señala en su libro: “El Juez Constitucional y la aniquilación del Estado Democrático” que a partir del año 2000 se debilita la independencia judicial y se construye un aparato comunal con la pretensión de sustituir al poder legislativo. En 2007 Hugo Chávez somete a referéndum una reforma constitucional con el objetivo de acelerar la transición hacia, “el Socialismo del siglo XXI.” Los venezolanos rechazan la reforma.

Entonces, el Régimen Chavista aprobó por decreto gubernamental las principales cuestiones contenidas en la reforma constitucional rechazada en referéndum y utilizó a la Sala Constitucional, que no recurrió estas nuevas normas o las refrendó directamente. Convirtió así al Constitucional venezolano en un órgano colegislador, sustituto del Poder legislativo, modificando de facto la Constitución. Simultáneamente, controló el Poder Judicial. Brewer-Carias señala cómo mas del 80% de los jueces eran provisionales o temporales, por lo que su continuidad dependía de la decisión del poder Ejecutivo.

El autor de “El Juez Constitucional y la aniquilación del Estado Democrático” descubrió en España la pieza ideológica del proceso revolucionario venezolano. Se trata de una “Tesis secreta” titulada “El Nuevo Paradigma Constitucional latinoamericano” de Gladys Gutiérrez Alvarado, que fue presidenta del Tribunal de Justicia Venezolano. La tesis residenciada en la Universidad de Zaragoza tenía restringido su acceso. Fue dirigida por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad, Francisco Palacios Romeo, vinculado a Podemos. Palacios había sido asesor del Gobierno venezolano sobre la Reforma Constitucional de 2007. Como vocal del Tribunal encontramos a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos.

En España, el Gobierno de Pedro Sánchez intenta un cambio del Censo Electoral con la denominada Ley de Nietos, cuyos efectos en buena parte, ha anulado cautelarmente el Tribunal Supremo. El Tribunal señala que la Administración no ha aclarado la trazabilidad de las inscripciones que pretende el Gobierno, sin que existan garantías de que los inscritos cumplan con los requisitos que exige su inscripción. El Gobierno ha intentado infructuosamente que el Tribunal Constitucional anulara la decisión del Supremo y una vez fracasada esta vía pone obstáculos administrativos a la identificación ante el Supremo de los 163.000 “ nietos” inscritos sin garantías.

El recurso de una decisión del Supremo ante el Constitucional supone una nueva vulneración del papel que la propia Constitución otorga al Órgano encargado de protegerla. El Constitucional no es un órgano judicial de última Instancia, papel que corresponde al Supremo, sino una institución donde se solventan cuestiones de Constitucionalidad. Esta redefinición de las instituciones ya la vimos en el régimen chavista.

La politización de entidades como el CIS, RTVE, la Abogacía del Estado, la Fiscalía... el señalamiento a periodistas críticos, o las amenazas a jueces forman parte de la misma estrategia que utilizó el chavismo en Venezuela. Lo mismo ha sucedido con la perdida de protagonismo del Parlamento que no ha podido votar los Presupuestos Generales del Estado y por lo tanto ha carecido de la posibilidad de control de las Cuentas Públicas.

España no es Venezuela únicamente porque,todavía, y a pesar del Gobierno, conservamos jueces independientes y periodistas dispuestos a aguantar las presiones.

PD. Quisiera dedicar estas líneas a Miguel Henrique Otero, director del periódico El Nacional, que cerró su edición impresa al no disponer de papel cuyo monopolio de importación lo maneja una Corporación Gubernamental venezolana. El periódico vio también embargada su sede en Caracas de 2021. Actualmente se edita, desde el exilio, en formato digital. Otero me recomendó el libro de Brewer-Carias cuando estuvo en Pamplona en una charla que organizó Sociedad Civil Navarra.

José Ramón Ganuza Sancho es miembro de Sociedad Civil Navarra.