No conocía personalmente a Mari Carmen, la mujer desahuciada que falleció antes de poder volver al piso en el distrito madrileño de Retiro. Su caso ha ocupado titulares, movilizado a miles de personas en Sol y entrado de lleno en una crisis política que ha desembocado en un adelanto electoral. Sí que conozco a una directiva trasladada a Pamplona que, pese a tener un poder adquisitivo medio-alto, no encuentra un piso donde quedarse, solo alquileres temporales. Mucho ruido en el primer caso, ninguno en el segundo. No pretendo comparar ambas situaciones. Pero me preocupa que, mientras discutimos sobre los casos más visibles, apenas nos preguntemos qué está ocurriendo para que encontrar vivienda permanente se haya convertido en semejante odisea. En Navarra, el Gobierno foral declaró en mayo de 2025 veintiún municipios zonas de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler. La intención era facilitar el acceso a la vivienda. Nada que objetar al propósito. Pero una medida debe juzgarse por sus resultados. Según los datos del propio Gobierno, en el segundo trimestre de 2026, la renta media de los nuevos contratos de vivienda habitual en esas zonas bajó un 5,3%, hasta 796 euros. Una buena noticia para quienes consiguieron alquilar. 

Ahora bien, en Navarra se firmaron 922 contratos nuevos en zonas tensionadas, 31% menos que un año antes. Me pregunto si podemos darnos por satisfechos porque baja el precio si cada vez menos personas consiguen firmar un contrato. Me temo que no. Existe además el factor de la temporalidad. La Cámara de Comercio de Navarra, al analizar la oferta, ha señalado una caída del 39% del alquiler de larga duración y un aumento del 50% del de temporada en Pamplona. Estos datos sirven para confirmar que el topar los precios está empujando a los propietarios hacia otras modalidades no intervenidas por el Gobierno. La propia Cámara identificaba, además, que en la próxima década se crearán 40.000 nuevos hogares en la Comunidad foral, pero con el ritmo de construcción que llevamos va a ser imposible cubrir esa demanda. Muchos señalamos como principal problema a la escasez de construcción. En 2025 se iniciaron 2.377 viviendas, 630 de ellas protegidas. A este ritmo no se cubrirán las necesidades de los nuevos hogares. Y por mucho que se anuncien nuevas promociones -la última, la de Sarriguren-, lo importante para quien busca casa es cuándo podrá entrar en ella. 

La vivienda protegida tampoco ofrece una salida suficiente, visto que la demanda ha aumentado sobremanera en la última década hasta llegar en 2025 a 10.804 solicitudes de compra frente a 312 ofertadas en 2025 (lo que implica una cobertura de la oferta inferior al 3%, según confirmaba la Cámara de Comptos). En alquiler los datos son todavía más sangrantes: 20.316 solicitudes y solo 182 ofertas, una cifra irrisoria. Con estos ritmos, difícilmente vamos a responder a las necesidades acumuladas. La medida aprobada antes de verano, que hace indefinida la protección de todas las VPO destinadas al alquiler o al alquiler asequible que aún estuvieran protegidas, con independencia de cuándo hubieran sido calificadas, tampoco va a favorecer la construcción de este tipo de viviendas. La inestabilidad jurídica no ayuda. Lo que resulta difícil de entender es cómo hemos llegado hasta aquí. La demanda ha crecido y la construcción no ha acompañado, pero no ha sido de un día para otro. Los datos estaban ahí. Sabemos que desarrollar suelo, tramitar licencias y construir lleva años. ¿Cómo es posible que no se actuara con suficiente antelación? Gobernar también consiste en anticipar problemas, aunque las soluciones no puedan inaugurarse antes de las siguientes elecciones. 

¿Qué hacer para revertir la situación? Necesitamos agilizar trámites, desarrollar y desbloquear suelo, favorecer la colaboración con el sector privado -sin demonizarlo- y dar seguridad a quienes construyen y alquilan. También revisar lo que no funciona, sin convertir cada rectificación en una derrota política. Porque Navarra se juega su futuro. La falta de vivienda impide emanciparse, retrasa proyectos familiares y complica la contratación de trabajadores. Queremos atraer profesionales y empresas, pero ¿dónde van a vivir las personas que necesitamos? La directiva que mencionaba al comienzo de este texto puede terminar marchándose. Otros ni siquiera vendrán. Y quienes ya viven aquí merecen poder quedarse con precios razonables, que se lograrán conforme haya más oferta. La vivienda requiere años de trabajo serio y continuidad. Utilizarla como arma arrojadiza y, en el proceso, llevarse por delante la reputación de los propietarios y del sector privado, resulta del todo irresponsable. La sociedad reclama soluciones para algo tan básico como encontrar un hogar donde construir su vida. Por desgracia, aunque mañana mismo se pusieran en marcha medidas para desbloquear suelo, tardaríamos años en ver los frutos. Pero mejor empezar mañana que nunca. 

José Ramón Lacosta Aznar. Presidente del think tank Institución Futuro.