Pedro Sánchez compareció en público el pasado martes tras el Consejo de ministros que volvió a aprobar los Decretos Ley sobre vivienda rechazados por el pleno del Parlamento la pasada semana. Dijo el presidente que el órgano de representación de la soberanía nacional había dado la espalda a la ciudadanía y aseguró que él no iba a mirar a otro lado. Así, valiéndose del juego sucio, pretende imponer su voluntad contra la decisión mayoritaria del Congreso de los Diputados. Es la primera ocasión en democracia en la que se utiliza a la Diputación Permanente del Congreso para revocar una decisión tomada días antes por el pleno de la Cámara. El hecho es de una gravedad extraordinaria porque pone en cuestión los fundamentos del Estado de Derecho y el valor mismo de la soberanía nacional que descansa en la representación genuina del pleno de las Cámaras. Utilizar un órgano, como la Diputación Permanente, con una distribución de diputados que no corresponde estrictamente a la del Pleno, es atacar el principio de representatividad de la Cámara y, por lo tanto, incurre en fraude de ley. No entraré en la cuestión de fondo de los decretos sobre vivienda. 

Lo que me preocupa es el deterioro de las reglas de juego democrático. Durante ocho años no se ha visto la urgencia de esta legislación y es ahora, a menos de dos meses de las elecciones, cuando se invoca la urgencia en la aprobación de estos decretos. Esta decisión culmina toda una legislatura de ninguneo del Gobierno al Parlamento en la que no se han aprobado presupuestos como exige la Constitución y apenas se han debatido leyes. La mayor parte de las decisiones se han hecho utilizando un procedimiento que se considera extraordinario, como es el Decreto Ley, impidiendo aportaciones, aunque fueran parciales, de los grupos de la oposición y deteriorando la calidad del propio debate democrático. Como ya dijo Sánchez hace un par de años “vamos a gobernar con o sin el concurso del poder legislativo”. A ello se une la utilización del Tribunal Constitucional (TC) como órgano corrector de las sentencias del Tribunal Supremo. El ejemplo más palmario es el reciente desenlace de la amnistía a Puigdemont y al resto de golpistas secesionistas, gracias a los cuáles Sánchez consiguió auparse a la presidencia del Gobierno, a pesar de haber perdido las elecciones. Hasta el ministro Bolaños ha reconocido que dicha amnistía se pactó para sumar los 176 votos de la investidura. 

Al TC no le debería corresponder la función de ser el tribunal de última instancia, lo que supone un ejemplo más de cómo se ha utilizado el Estado para garantizar la supervivencia política del presidente del Gobierno. La negociación de los votos de Bildu a cambio de la liberación de presos etarras es otro de los capítulos más negros de esta legislatura. Como dije, en otra ocasión, será legal, pero da asco. Capítulo aparte merece el acoso a los jueces en un intento de evitar las imputaciones a familiares del presidente, arrastrando el Estado de Derecho por el fango de las cloacas. Y para rematarlo, la llamada Ley de Nietos, que intenta modificar el censo por la puerta de atrás y que pretende otorgar derecho a voto a personas que nunca van a soportar las consecuencias de las políticas que eventualmente apoyen. Todo ello se inscribe dentro de un clima de crispación política donde los ataques a la libertad de información periodística son cada vez más frecuentes, por fascistas de izquierdas y de derechas, socavando así otro de los pilares de la democracia. 

Se ha llegado al extremo de usar al Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlasca, reprobado tres veces por el Congreso, para elaborar listados de clasificación política de los profesionales de los medios. Uno de los líderes de Sumar, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, ha afirmado que si PP, VOX y Junts tratan de bloquear este nuevo Decreto “la gente les va a pasar por encima.” En un clima de exaltación de la violencia callejera, decir esto significa que la presión de lo que llaman la gente, la calle o el pueblo, términos genéricos del vocabulario populista, es capaz de doblegar la voluntad del conjunto de los ciudadanos cristalizada en la representación del Congreso y del Senado. Y por su parte, la exvicepresidenta María Jesús Montero ha afirmado sin rubor que la huelga general del próximo 11-N “es una huelga contra la oposición”, algo que los sindicatos agradecidos con el poder aún se han atrevido a reconocer. La deriva del discurso del Gobierno hacia postulados propios de un totalitarismo tercermundista preocupa seriamente, ya que está convirtiendo paulatinamente a España en una “democracia fake”. 

Esta situación está poniendo en serio riesgo la convivencia entre españoles, constituyendo un ataque a los valores constitucionales y un deterioro del sistema democrático, propio de países que han utilizado los instrumentos del Estado para atentar contra el mismo. Sin duda éste no es el mejor ambiente para afrontar unas elecciones, cuya preparación debería transcurrir por caminos de reflexión serena. Buscar la polarización y la crispación nunca ha tenido buenas consecuencias. Por ello llamamos a los ciudadanos a conservar la calma y a acudir a votar para salvaguardar la salud democrática y el Estado de Derecho, basados en los valores de nuestra Constitución, cuyo espíritu y letra deben ser preservados y protegidos como garantes de la paz y del progreso. 

José Ramón Ganuza Sancho. Miembro de Sociedad Civil Navarra. www.sociedadcivilnavarra.org