Hay infraestructuras que trascienden lo técnico para convertirse en auténticas columnas vertebrales de un territorio. El binomio pantano de Itoiz - Canal de Navarra es una de ellas. No es sólo una obra hidráulica, es una apuesta estratégica por el equilibrio territorial, el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades. Y es que la sociedad navarra tiene desde hace muchos años muy claro que sin agua no hay futuro. Sin embargo, la segunda fase, la que debe llevar agua a la Ribera, sigue atrapada en una espiral de retrasos, promesas incumplidas y silencios difíciles de justificar.

Conviene recordar lo esencial. Cuando el proyecto esté culminado, permitirá trasladar agua desde el Pirineo navarro a tres cuartas partes de la comunidad. La primera fase y su ampliación ya abastecen a miles de ciudadanos, impulsa el regadío y genera riqueza. Nadie discute su éxito. Pero queda la parte más urgente desde el punto de vista social: la que debe garantizar el suministro a la Ribera, la zona más seca y pobre de la Comunidad Foral. Hablamos de asegurar agua para cerca de 70.000 personas y de transformar 21.000 hectáreas en regadío. Hablamos de desarrollo agrícola, de industria, de empleo. En definitiva, hablamos de vida y de futuro.

Durante los últimos años se han realizado avances: adaptación del proyecto a las exigencias medioambientales, actualización de costes, compromisos de ayuntamientos y comunidades de regantes, incluso la posibilidad de financiación a través del Banco Europeo de Inversiones. Todo ello dibuja un escenario en el que la ejecución debería ser inminente. Y, a pesar de ello, no lo es.

La realidad es que la obra sigue sin licitarse. Y lo que es más preocupante: sin una fecha clara para que eso ocurra. Desde 2022 se han sucedido los anuncios por parte del Gobierno de Navarra. Primero se dijo que sería antes de finalizar 2023. Después, que en primavera de 2025. Más tarde, que a lo largo de ese mismo año. Posteriormente, que a principios de 2026. Hoy, ninguno de esos plazos se ha cumplido. La sensación no es ya de retraso, sino de desidia.

En este contexto, resulta inevitable señalar responsabilidades. A día de hoy, el Ministerio de Transición Ecológica, empezando por la Secretaría de Estado, la Dirección General del Agua y la sociedad pública encargada de realizar la mayor parte de los trámites pendientes, Aguas de las Cuencas de España (ACUAES). Por tanto, es el Gobierno de España quien debe desbloquear definitivamente la situación. Sin embargo, lo que se percibe es lo contrario: nula concreción, ausencia de calendario y una preocupante, inadmisible y vergonzosa opacidad y falta de información.

No se trata de ignorar la complejidad administrativa. Toda gran infraestructura requiere informes, autorizaciones y procedimientos garantistas. Pero cuando pasan los años y se siguen sin culminar, la explicación deja de ser burocrática para convertirse en política. Aquí es donde surge la crítica legítima: ha habido tiempo suficiente, más que de sobra, para ya haber hecho las cosas bien. Ahí está la primera fase, cuya tramitación y ejecución fue mucho más diligente y eficaz. Mientras tanto, la incertidumbre crece, especialmente en la Ribera.

Las posiciones contrarias al proyecto, desde la izquierda radical vasca y la extrema izquierda, han sido constantes. Siempre en contra y ahora beneficiándose de él. Hipocresía pura. Frente a este ruido, existe una amplia mayoría social y política en Navarra que respalda el Canal y han coincidido en su necesidad. Ese consenso debería ser suficiente para impulsar la obra sin más dilaciones.

Pero para ello hace falta algo básico: compromiso. Compromiso con fechas y plazos concretos, con decisiones y con una gestión transparente. No basta con anunciar convenios si estos no se firman. La ministra de Transición Ecológica, hace unos días ante una interpelación de Unión del Pueblo Navarro en el Congreso de los Diputados, anunciaba que sería en octubre. No basta con prever financiación si esta no se formaliza. No basta decir que será pronto si no se traduce en hechos.

Esta misma semana el Pleno del Congreso aprobaba una iniciativa de UPN que insta al Gobierno de España realizar la licitación de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra antes de que finalice este año 2026. Se puede y se debe hacer. El Ejecutivo central debe cumplir el mandato parlamentario y empezar a fijar plazos concretos para resolver los trámites pendientes, sin dilación. Basta ya de retrasos.

El Canal de Navarra no es una infraestructura más. Es una herramienta de cohesión, una garantía de desarrollo y una respuesta a una necesidad histórica. Retrasarlo indefinidamente es, en la práctica, jugar con el futuro de miles de navarros. Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. De fijar un calendario realista y cumplirlo. De asumir responsabilidades y ejercerlas. Porque la llegada del agua no puede seguir esperando. Y Navarra, tampoco.

Alberto Catalán Higueras. Diputado por Navarra de UPN.