Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continúa empantanado en su nefasta gestión de la crisis migratoria de Ceuta cincuenta días después del asalto, y con los ataques a la oposición como argumento tan recurrente como ineficaz, la actualidad judicial vuelve a asestar un nuevo varapalo a los socialistas en dos de los casos más mediáticos que les cercan. El juez Peinado dictó este lunes el auto de apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora, Cristina Álvarez. El magistrado mantiene su posición de enviar a juicio a ambas después de que la Audiencia Provincial de Madrid le corrigiese al archivar dos delitos y ordenar levantar las medidas cautelares que les impuso. Un ejemplo más, para los que gustan hablar injustamente de supuesto lawfare, de que las garantías procesales se respetan como pilar fundamental del Estado de Derecho.

También ayer se conoció que el juez de la Audiencia Nacional del caso Plus Ultra ha citado a declarar como investigadas a las hijas de Zapatero e invita al expresidente a que aporte “en el plazo de tres días” la documentación que tenga sobre sus joyas. Sin duda, tendrá que ser el camino de la justicia el que determine si finalmente las acusaciones terminan por sustanciarse en algo o no. Esa es la grandeza del Estado de Derecho. Por más que desde el Gobierno se vuelvan a volcar en unos ataques del todo improcedentes e irresponsables viniendo de donde vienen. Nada más conocerse la medida de Peinado, desde Moncloa arremetieron condenando la decisión del juez y reprochando a Peinado que ha llevado a cabo “una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial de Begoña Sánchez” por el único motivo, añaden, de ser la mujer del presidente. Por si fuera foco, la ministra Morant puso en duda la imparcialidad del jurado popular. El síntoma más acusado de la anormalidad de la legislatura es que Sánchez y su Gobierno hayan dado a entender que son víctimas de lawfare, identificando a la Judicatura como un rival y no como otro poder del Estado.