El pasado mes de marzo, la presidenta Chivite adelantó la posibilidad de que el Gobierno de Navarra llevara a la Mesa de Fiscalidad una deflactación del IRPF para compensar los efectos de la inflación. La cuestión ha vuelto estos días al debate. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha anunciado que la deflactación estará entre las medidas que se discutirán en esa mesa. Bienvenida sea. Pero quizá precisamente ahora sea el momento de dar un paso más. En lugar de discutir cada cierto tiempo si se deflacta o no el IRPF, y en qué porcentaje, deberíamos establecer un mecanismo automático que actualizase sus principales parámetros conforme aumenta el nivel de precios. No es una propuesta nueva. Algunos llevamos tiempo defendiéndola. La planteamos también en el Parlamento de Navarra hace ya unos años, cuando advertíamos de que, por desgracia, la inflación podía no ser un fenómeno pasajero. Desde entonces se han producido deflactaciones del impuesto, y es justo reconocerlo. El problema es que han sido parciales y han dependido en cada momento de una decisión política.

Los números ayudan a entender bien qué significa esto. Desde 2020 los precios han aumentado en Navarra aproximadamente un 23%. Es decir, una cesta de bienes y servicios que en 2020 costaba 100 euros cuesta ahora alrededor de 123. Sin embargo, las deflactaciones de la tarifa realizadas durante estos años acumulan aproximadamente un 11%. Por tanto, solo han compensado en torno a la mitad del aumento de los precios.

Si aceptamos que hoy hacen falta 123 euros para comprar lo que antes comprábamos con 100, deberíamos aplicar la misma lógica al impuesto. Los límites de los tramos, los mínimos personales y familiares y las demás cantidades monetarias relevantes del IRPF deberían actualizarse en una proporción semejante. De lo contrario, mantenemos expresados en euros corrientes unos parámetros fiscales mientras el poder de compra de esos euros cambia.

Pensemos en un contribuyente que ingresa 30.000 euros al año. Si los precios aumentan un 10% y su salario permanece en 30.000 euros, nominalmente nada ha cambiado. Seguirá situado en los mismos tramos del impuesto. Pero económicamente sí ha cambiado algo importante, ya que esos 30.000 euros compran ahora bastante menos. Su renta real ha caído. Si el IRPF mantiene exactamente los mismos umbrales, mínimos y cantidades monetarias, el sistema fiscal ignora esa pérdida de capacidad adquisitiva. El contribuyente soporta una carga fiscal diseñada para una renta que, en términos reales, ya no tiene el mismo valor. Y si además su salario nominal aumenta para compensar total o parcialmente la inflación, aparece el segundo efecto, la conocida progresividad en frío. Puede pasar a pagar más, o a hacerlo a tipos marginales superiores, sin que su capacidad económica haya mejorado realmente. En definitiva, el argumento es doble. La inflación no solo puede hacer que paguemos más impuestos sin ser más ricos. También puede hacer que paguemos los mismos impuestos siendo más pobres.

Deflactar el IRPF significa corregir ese desajuste. Y conviene insistir en algo que a veces se pierde en el debate. Hablamos de deflactar, que no es bajar impuestos. Una bajada de impuestos reduce deliberadamente la carga fiscal que soportan los ciudadanos. La deflactación persigue algo diferente. Trata de evitar que la carga fiscal aumente en términos reales, simplemente porque haya aumentado el nivel general de precios. Esta distinción es especialmente importante porque un Gobierno puede querer, además, proteger a determinados hogares ante un episodio inflacionista. Puede aumentar deducciones para las rentas bajas, introducir ayudas para familias con hijos o adoptar medidas específicas para quienes soportan con mayor intensidad el encarecimiento de la energía o de los alimentos. Son decisiones legítimas de política económica y distributiva. Pero no deberían confundirse con la deflactación. Una cosa es decidir quién debe pagar más o menos impuestos. Otra, muy distinta, es impedir que la inflación altere por la puerta de atrás la carga tributaria que ciudadanos y Parlamento habían aceptado por la puerta principal.

La deflactación automática permitiría separar claramente ambas cuestiones. Esa mayor claridad sería una de sus principales ventajas. Los ciudadanos podrían saber qué parte de una reforma fiscal responde a una verdadera decisión política y qué parte constituye simplemente la actualización necesaria para mantener el impuesto en términos reales. Hay además una segunda ventaja, nada desdeñable. Me refiero a la certidumbre. Con un mecanismo previamente establecido, familias, empresas y Administración sabrían que los parámetros monetarios del IRPF se actualizarán conforme a una regla conocida. No habría que esperar cada año a una negociación entre partidos ni preguntarse si la inflación ha sido suficientemente alta como para justificar una deflactación.

Existe, además, una tercera ventaja quizá menos evidente, pero no menos importante. La automatización sacaría esta cuestión de la pelea política. Ningún Gobierno podría presentar la deflactación como una concesión al contribuyente o como una generosa rebaja fiscal. Tampoco la oposición tendría que reclamar periódicamente que se corrija el efecto acumulado de la inflación.Porque no hay regalo alguno. Ajustar el impuesto para que una renta real menor no soporte artificialmente la misma carga, o para que una renta nominalmente mayor pero igual en términos reales no tribute más, no es una muestra de generosidad del poder público. Es simplemente mantener la coherencia del sistema.

Por eso, la mejor deflactación sería precisamente aquella de la que apenas tuviéramos que hablar. La que se aplicara automáticamente, mediante una regla transparente y conocida, como parte del funcionamiento ordinario de nuestro sistema tributario. Navarra, dada su autonomía fiscal, tiene capacidad para hacerlo. Y ahora que el propio Gobierno vuelve a reconocer que la inflación justifica una nueva deflactación, tenemos una buena oportunidad para dejar de poner parches y establecer una solución permanente. La deflactación del IRPF no debería convertirse cada pocos años en noticia. Debería formar parte del normal curso de las cosas.

María Jesús Valdemoros Erro. Lecturer en IESE Business School