Navarra se juega en el debate sobre el biometano algo más que el futuro de una tecnología renovable. También está en cuestión la confianza en sus instituciones y en la estabilidad de las reglas que ordenan el desarrollo económico y territorial. Cuando un proyecto supera los procedimientos establecidos y obtiene las autorizaciones ambientales exigidas, debe existir una perspectiva razonable de continuidad. Preservar esa confianza es una responsabilidad institucional compatible con una regulación exigente y con todas las garantías que merece la ciudadanía.

El Parlamento de Navarra decide este jueves si prórroga hasta finales de 2028 la moratoria al desarrollo de plantas de biometano. La decisión afecta a inversiones, acuerdos con explotaciones agrarias y expectativas de actividad en los municipios. Aunque la propuesta contempla excepciones y su finalización anticipada si entra en vigor una nueva regulación, extender la suspensión prolonga la incertidumbre. Navarra puede completar su ordenación y garantizar un desarrollo armónico con el territorio permitiendo que avancen los proyectos que acrediten su adecuación.

Respetar las autorizaciones concedidas

La regulación de 2025 ya distinguió entre proyectos según su situación administrativa y excluyó de la suspensión a los que habían obtenido la autorización ambiental integrada. Esa distinción respondía a una razón de fondo: las decisiones de la Administración generan confianza y sustentan compromisos económicos. Al revisar ahora la moratoria, el Parlamento debería preservar ese criterio.

Una autorización ambiental culmina un procedimiento de evaluación y establece las condiciones que debe cumplir una instalación. Su eficacia forma parte de la credibilidad del sistema de garantías establecido por la Administración. No resulta razonable que una moratoria sobrevenida sirva, por sí sola, para retirar autorizaciones válidamente concedidas o impedir que produzcan sus efectos. Si una autorización requiere ser revisada, la decisión debe estar motivada y respetar las garantías aplicables.

La seguridad jurídica también exige distinguir situaciones diferentes. Una autorización válida debe conservar sus efectos; cuando se acuerde retrotraer un expediente para subsanar un defecto, debería permitirse corregirlo y continuar conforme a lo resuelto. Una moratoria no debería convertir esa posibilidad de subsanación en una paralización prolongada. Preservar el valor de las decisiones administrativas es esencial para que cumplir las reglas siga ofreciendo una perspectiva razonable de continuidad.

Una tecnología madura y probada en Europa

El biometano es una tecnología madura y probada, que puede desarrollarse con seguridad mediante un diseño adecuado, una explotación rigurosa y controles efectivos. Casi 2.000 instalaciones de producción repartidas por Europa acreditan una experiencia operativa consolidada. El mapa europeo de la Asociación Europea del Biogás y Gas Infrastructure Europe recoge ese despliegue en junio de 2026. Esa trayectoria ofrece conocimiento técnico y soluciones contrastadas para desarrollar proyectos adaptados a cada territorio. La madurez y seguridad de esta tecnología permiten centrar el debate en las condiciones de cada proyecto y su cumplimiento.

Para Navarra, el biometano conecta el aprovechamiento de residuos orgánicos agroganaderos e industriales con la producción de un gas renovable que puede sustituir al gas natural. Permite avanzar en la descarbonización de industrias y hogares utilizando infraestructuras disponibles. Su desarrollo requiere planificación, conocimiento técnico y coordinación con la actividad agraria del territorio. Una moratoria prolongada retrasa esa oportunidad y dificulta que Navarra aproveche sus propios recursos. La estabilidad regulatoria contribuye a que la transición energética genere actividad económica y empleo vinculados al territorio.

Un marco que permita avanzar con garantías

Navarra dispone ya de legislación ambiental, procedimientos de autorización y mecanismos de inspección y seguimiento. Ese marco permite establecer condiciones sobre trazabilidad de residuos, impermeabilización, control de olores y gestión del digestato, el producto resultante del proceso de digestión anaerobia. La seguridad requiere concretar esas exigencias según las características de cada instalación y verificar su cumplimiento durante la actividad. La ordenación adicional debe partir de las garantías existentes e identificar con precisión qué aspectos necesitan reforzarse.

La experiencia europea y los controles disponibles permiten abordar esa mejora con criterios técnicos. La seguridad de una instalación depende de su diseño, de los materiales que trata y del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento. Las exigencias deben responder a esos factores y aplicarse con criterios objetivos, con independencia de la titularidad pública o privada. Completar el marco regulatorio debería servir para precisar requisitos y facilitar su cumplimiento, preservando el recorrido de los proyectos ya evaluados.

La propia propuesta admite que determinadas instalaciones continúen mientras se completa la ordenación. Esa posibilidad debería extenderse a los proyectos con autorizaciones ambientales válidas que tengan ya acreditada su adecuación. Lo que reclamamos es un tratamiento proporcionado a las garantías probadas y a la situación administrativa de cada expediente.

Antes de prolongar la suspensión hasta 2028, las instituciones deberían precisar qué tareas de ordenación siguen pendientes, qué calendario permitirá completarlas y por qué no pueden desarrollarse mientras continúan los expedientes que reúnen las condiciones exigibles. Una nueva fecha de finalización no aporta, por sí sola, certidumbre: la aportan un programa de trabajo verificable, medios administrativos suficientes y un régimen transitorio que distinga entre nuevas solicitudes, expedientes en tramitación y proyectos con autorizaciones ambientales válidas, cada uno con un tratamiento proporcionado a su grado de avance.

El Gobierno y el Parlamento de Navarra deben ofrecer a la sociedad un marco coherente para desarrollar el biometano con garantías: preservar las autorizaciones válidamente concedidas y permitir que continúen los proyectos que acrediten su adecuación ambiental y territorial. Europa demuestra que el biometano es una realidad industrial consolidada. Navarra puede aprovechar esa experiencia con exigencia y seguridad jurídica. Prolongar la moratoria trasladaría al conjunto del territorio el coste de una planificación pendiente. Las instituciones tienen la responsabilidad de completarla con garantías y plazos ciertos.

Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigas)