El pasado 22 de agosto, el periodista Luis del Val escribía en ese periódico una columna titulada “Héroes de la Dignidad”. La columna comenzaba así: “En medio de este enjambre de embaucadores, extorsionadores y corruptos de vocación intachable, que asaltan cualquier rincón de la Administración para llevarse una comisión o adjudicar una obra a los amiguetes agradecidos, existen un puñado de funcionarios dignos, que arriesgan su tranquilidad, defienden su honestidad y reciben como premio el castigo de los fulleros disfrazados de políticos, que los persiguen, los acosan, y los castigan, no sea que algún otro funcionario pueda caer en parecida tentación. Mi héroe del año se llama Lorenzo Serena, más de un cuarto de siglo como funcionario en las mesas de contratación de Navarra, cumpliendo con su deber sin ningún problema hasta que, hace dos años, contempló asombrado el chanchullo que rodeaba a la adjudicación de una de las obras de más alto presupuesto: el túnel de Velate… 

Además de suscribir todo lo dicho por el columnista, no pude evitar acordarme de otro funcionario que actuó con la misma honestidad y profesionalidad que Lorenzo Serena. Me estoy refiriendo al auditor de la Cámara de Comptos, Miguel Ángel Aurrecoechea. El Informe relativo a las Cuentas Generales de 2024 vino precedido, por primera vez en la historia de la Cámara, de una discrepancia entre el Presidente de la Cámara, Ignacio Cabeza, y el auditor ponente, Miguel Ángel Aurrecoechea. El artículo 22.2 de la Ley Foral 19/1984 reconoce el derecho del auditor a dejar constancia por escrito de su criterio cuando difiera del incorporado en el informe definitivo aprobado por la Presidencia. Y eso hizo. Uno de los aspectos clave sobre los que giraban las discrepancias del auditor era el modificado de las obras de Belate. El auditor argumentó que los motivos alegados por el Director Gral. de Obras Públicas, el cesado López Vera, “no se corresponden con circunstancias imprevisibles para una entidad adjudicadora diligente, contrariamente a lo exigido por el artículo 114.3 a) de la Ley Foral de Contratos Públicos”. Asimismo, el auditor analizó los requerimientos de la sección de minas pudiendo acreditar que el origen del modificado no estaba en esos requerimientos. El ingeniero de minas fue contundente y claro sobre esta situación en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Parlamento. Dijo que los cambios en el proyecto que provocaron el modificado de 8,3 millones no fueron consecuencia de sus requerimientos, sino que fueron por iniciativa de la adjudicataria, afirmación que contradecía lo dicho hasta el momento por el consejero Óscar Chivite. La tesis del ingeniero de minas fue refrendada por la Intervención General en su reparo suspensivo.

Y la Cámara de Comptos, ofendidita con la discrepancia del auditor, emitió un comunicado catalogando de “incorrecta” la aplicación de las normas de auditoría y tachándolas de “interpretaciones jurídicas no fundamentadas”. Y añadió que “el borrador presentado por el auditor no cumplía con los criterios de calidad exigibles a una auditoría, entre otros la imparcialidad, objetividad, ponderación y evidencia de auditoría”.

Y después de ese comunicado, llegó la publicación de un texto de respaldo al Presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, firmado por cuatro expresidentes de ese órgano, respaldo extemporáneo porque nadie había cuestionado al Presidente, pero oye, algunos creen que su superioridad jerárquica les sitúa por encima de todos los demás en capacitación técnica o jurídica. El texto de los firmantes, entre otras cosas, decía que “en un informe de auditoría no caben opiniones y valoraciones personales no soportadas en evidencias”. ¿Analizaron esos cuatro expresidentes la documentación con la que el auditor basó su informe de discrepancia? Seguro que no. Rancio corporativismo.

Y después de poner públicamente en duda la profesionalidad del auditor, resulta que el reparo suspensivo del Interventor General iba en la línea del informe de discrepancia de ese auditor. Dicho reparo concluye con lo siguiente: “La modificación nº 1 de las obras del Proyecto Duplicación del Túnel de Belate carece de los requisitos legales previstos en la normativa de aplicación, pudiendo la continuación de la misma causar quebrantos económicos a la Hacienda Pública de Navarra”.

Y si no tuviéramos suficiente con todo lo anterior, nos enteramos de que el Gobierno de Navarra, a pesar del reparo suspensivo del Interventor General, y buscando un subterfugio legal (“enriquecimiento injusto”), tenía toda la intención de pagarle a la UTE unos sobrecostes totalmente injustificados. ¿Por qué ese empeño en pagar? ¿Hay algún documento que desconocemos que le compromete a ese pago? Ha sido un informe de la Asesoría Jurídica el que ha puesto freno al Gobierno diciéndole que “no encuentra fundamento en la teoría del enriquecimiento injusto” y que no se dan los requisitos legales para abonar a la UTE los 8,3 millones (casi mil cuatrocientos millones de las antiguas pesetas) de sobrecostes porque los cambios se hicieron “por su propia iniciativa y sin imposición de la Administración contratante”. La Asesoría Jurídica también ve indicios de “voluntad maliciosa” por parte de la UTE.

Y ahí tenemos a los socios del gobierno, ya en clave electoral, haciéndose los indignados con el informe de la Asesoría Jurídica después de haber concluido en la Comisión de Investigación del Parlamento que todo lo relacionado con Belate estaba chachi piruli; después de ningunear al auditor de Comptos y tratarle de irresponsable por su informe de discrepancia cuando acudió a la comisión de Hacienda del Parlamento; y después de conocer el demoledor informe del Interventor General. ¡Trileros!

¿Y qué dice la presidenta Chivite? “Ha llegado el momento”. ¿De dimitir?, me pregunto. No. Ha desvelado que se ha cortado el pelo. Fin.

Chon Latienda Urroz es comentarista política.