Días después de la entrada a Ceuta de decenas de miles de personas, que en su inmensa mayoría regresaron a territorio marroquí horas más tarde, resulta difícil saber cuántas permanecen de forma ilegal en una ciudad autónoma que carece de suficiente capacidad para atenderlas. Interior cifró este martes la ‘invasión’ en 72.000 personas, de las que 70.000 habrían retornado ya. 

Con todo, Ceuta no está preparada para acoger al millar de menores que aún desbordan el centro de internamiento temporal que ya encontraron saturado. La imposibilidad legal de repatriarlos y su futuro traslado a la península anticipan un nuevo capítulo de la crisis que, como ocurrió en ocasiones anteriores, difícilmente se afrontará desde el acuerdo político pese al anuncio gubernamental de una partida de 25 millones de euros. De hecho, comunidades como Castilla y León ya han mostrado su rechazo frontal a acoger a ningún menor más. Navarra, por su parte, aseveró ayer que, llegado el caso, asumirá su cuota en función del nuevo reglamento de Extranjería.

Todo se agrava al constatar — pese a que Marlaska lo negase ayer — que el desconcierto que presidió la tardía reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante las oleadas de personas que cruzaron la valla fronteriza o accedieron desde el mar no obedecería a la ignorancia sobre la situación que se gestaba desde días antes; de la que alertaron una veintena de avisos de los servicios de inteligencia y las autoridades autonómicas ceutíes. 

El Ejecutivo puede defender que encauzó la emergencia de seguridad sin recurrir a la violencia. Pero tiene la obligación de explicar por qué una frontera tan sensible, que ya experimentó otro grave episodio en mayo de 2021, seguía sin la protección que hubo que desplegar a toda prisa con el refuerzo de la dotación policial y la incorporación del ejército. 

Nada contribuye a aclarar la profusión de declaraciones a cargo de los ministros de Exteriores, Migración y Defensa. Mención a parte merecen las declaraciones de la navarra Elma Saiz, ministra de Inclusión y Seguridad Social y portavoz del Gobierno, quien este martes negó que España hubiera recibido ningún informe sobre Ceuta para dos minutos después reconocer que tenían la advertencia sobre un repunte de llegadas a la ciudad autónoma.