Más de uno pensará que es una pregunta de perogrullo. El poder legislativo, sin duda, responderá. ¿Quién si no las va hacer en un estado democrático de derecho? Así al menos nos lo han enseñado: el poder legislativo hace las leyes, el poder ejecutivo las desarrolla y aplica, y el poder judicial controla su aplicación correcta conforme con los principios que la inspiran, los generales del derecho y los mandatos constitucionales. Pero quizá convenga recordar la frase de Molière: “las apariencias engañan la mayoría de las veces”. Veamos. El hombre, en su soledad, es libre para definir su modo de actuar, pero está sometido a tensiones contrapuestas. Por un lado, tira de él la voluntad de satisfacer sus deseos materiales con los que quiere definir su pequeño mundo y concretar lo cotidiano. Habla de amigos y enemigos. Por otro lado, le asalta la pulsión de la voluntad de poder, de mando, de prestigio, de gloria con la que pretende definir su ámbito público. Descubre los principios de jerarquía, de mando y de sometimiento. 

En esta tensión extrema entre deseo y poder, ¿cómo encuentra el punto de equilibrio siendo así que cada uno de ellos tiende a lo ilimitado, a superar lo posible y llegar más allá de lo que sería racional? Y aquí aparece una tercera fuerza: la voz de la conciencia, el mandato imperativo de “haz lo que debes …”. El problema es que esa voz no termina la frase. Será la ley y el derecho los que lo hagan y definan las pautas del comportamiento social. Se podrá hacer lo que la ley determine. Pero el dilema recogido en el título del artículo, sigue mostrándose con fuerza. ¿Quién tiene la autoridad para determinar el contenido de la ley? ¿Será acaso el poder por el simple hecho de ser poder, o será la verdad descubierta por la vía del consenso social que el busca interés general? ¿Es la autoridad fuente de la ley, o es ésta la que legitima aquella? 

Y sobre ello planea, además, la cuestión de qué institución está llamada a comprobar el cumplimiento de la ley. Se complica la situación porque algunos en España han confundido el poder ejecutivo con el legislativo. El ejecutivo compra los votos precisos al legislativo. Éste no pasa de ser la larga mano del aquel y pierde su autoridad e independencia. Su presidencia actúa como un ministerio más del gobierno. Los portavoces de los grupos parlamentarios que sustentan aquel replican sin criterio propio los argumentos del ejecutivo o extienden la capaceta para recoger la cosecha de sus apoyos políticos. Se violenta el reglamento de la cámara hasta límites solo justificables por el simple hecho de que son más los votos de apoyo que los de rechazo. No se debate, no se confrontan pareceres, no se busca el acuerdo, el encuentro de los intereses en juego. Un argumento o su contrario son igualmente válidos según la circunstancia y el momento. Además, pretenden que el poder judicial, sacrifique su independencia y siga los mandatos del ejecutivo. En caso contrario sus miembros y sus acciones serán desprestigiados y señalados como descarado lawfare. 

Este es el verdadero problema político que está planteado en España: la confusión de poderes en uno solo. Todo debe quedar supeditado al poder del gobierno, que para eso tiene reconocida la capacidad de acción ejecutiva, olvidando que la tiene por delegación de los ciudadanos a través de sus representantes. No nos confundamos, el problema de España, no es el de la corrupción a la que no quito un ápice de su gravedad. Siempre habrá ciudadanos -pongan Vds. los nombres que deseen- cuya exclusiva norma de conducta será la de satisfacer su deseo de lucro ilegítimo. El problema realmente grave es que los hay que solo aspiran al poder por el poder para constituirse en la exclusiva autoridad que se impone.