A medida que la presente legislatura se acerca a su final, resulta inevitable plantearse y preguntarse quién se ocupa de la abandonada segunda fase del Canal de Navarra y cuándo se hará efectivo el inicio de su construcción. Han pasado casi doce años con dos gobiernos de la señora Chivite (PSN) y uno anterior de la señora Barkos (Geroa Bai) retrasando con su “no hacer” un proyecto estratégico esencial para el futuro. Se han olvidado o han querido ignorar los beneficios que proporcionaría esta infraestructura tanto en lo económico, como en lo social o territorial. Estos son indiscutibles, son conocidos y llevan muchos años sobre la mesa. Sin embargo, ni los gobiernos forales ni el Gobierno de España han demostrado compromiso financiero necesario para hacer una obra estratégica para el futuro de nuestra Comunidad. Preocupa, además, que una infraestructura como el Embalse de Itoiz, construido en Navarra, con abundantes recursos hídricos todos ellos destinados en su totalidad para el desarrollo de Navarra, no haya sido defendida ni priorizada su construcción con la firmeza necesaria. Una obra como el Canal se entendió era prioritaria, y así fue planificada con el objetivo principal de llevar agua de calidad a las zonas más necesitadas. 

Lamentablemente, su ejecución fue paralizada no dándole la importancia ni la celeridad que requería. Los beneficios que reportaría eran evidentes y su impacto positivo sería notable tanto para abastecimiento de agua de boca de calidad a más de 120.000 habitantes, como para impulso del sector agroalimentario. Un sector que hoy genera más empleo y riqueza que la automoción. De hecho, cerca de dos tercios del nuevo empleo industrial se concentran ya en este sector. En el ámbito agrario, como complemento a la agroindustria, el agua de Itoiz permitiría transformar miles de hectáreas de secano en regadío y modernizar los ya existentes, reduciendo los elevados costes energéticos actuales gracias al aprovechamiento de la presión natural del sistema. En el abastecimiento urbano, muchos municipios de la Ribera siguen dependiendo de aguas de baja calidad, una situación que podría mejorarse con el acceso a un agua de mayor calidad procedente del Pirineo. El conjunto de beneficios mejoraría de forma significativa las condiciones de vida de cerca de un tercio de la población navarra y reforzaría el desarrollo económico, el empleo, la cohesión territorial y desarrollo de toda Navarra. 

Desde el punto de vista económico, la segunda fase del Canal tendría efectos positivos y, lo que es más importante, serían inmediatos. Generarían actividad positiva desde el inicio de las obras, ya que muchas infraestructuras de regadío y abastecimiento están ya preparadas. Solo bastaría conectarlas al Canal reduciendo con ello nuevas inversiones. Sin embargo, la gestión institucional del Gobierno de Navarra ha estado marcada por un cadena de anuncios y medidas inconexas con una dinámica que ha olvidado algo tan importante como era concretar cuándo se habilitarían los fondos necesarios para su licitación y la fecha prevista de inicio de las obras. En este contexto, en el pasado mes de abril se anunció, como gran noticia, la aprobación de un “borrador” de convenio entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España para, entre otras medidas, abordar la financiación del canal. Es decir, un documento sin carácter vinculante que, lejos de resolver la situación, contribuía a prolongar la incertidumbre. Lo lamentable de esta situación ha sido comprobar cómo la Sra. Chivite continúa centrada en lo extravagante, pidiendo responsabilidades a otras administraciones mientras se elude la propia. Así ocurrió el pasado mes de mayo, afirmando que “exigiría al Gobierno de España la culminación de los trámites para iniciar las obras”. Curiosamente, le pide a otro ejecutivo, de su mismo partido y con participación de responsables navarros en sus distintos niveles institucionales, se implique en solucionar la paralización. 

En definitiva, se repite una forma de actuar basada en eludir responsabilidades propias y atribuir a otros la falta de avances, en lugar de asumir el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una infraestructura esencial para el futuro de Navarra. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando y se acerca a un nuevo periodo electoral. Todo apunta a volver a escuchar anuncios y compromisos sobre la futura licitación de una obra que acumula más de una década de retrasos. Una situación de la que el Gobierno de Navarra no puede desentenderse, ya que es el principal responsable de no haber impulsado esta infraestructura. Resulta incomprensible, irresponsable e indignante que quienes dicen defender Navarra y aspiran nuevamente a gobernar puedan explicar o justificar años de retrasos, bloqueos e inacción en una infraestructura esencial para nuestra Comunidad. Un proyecto cuyo objetivo es tan básico como garantizar el abastecimiento de agua a una parte fundamental del territorio navarro y asegurar con ello su futuro desarrollo. 

José-Cruz Pérez Lapazarán. Exconsejero del Gobierno de Navarra