Editorial
Corrosión para la democracia
El juicio del ‘caso mascarillas’ queda visto para sentencia pero no logra evitar que se extienda entre la ciudadanía un nuevo menoscabo para la credibilidad de las instituciones

Actualizado el 08/05/2026 a las 11:22
El llamado ‘caso mascarillas’ está visto para sentencia. El tramo final del proceso judicial ha generado interés mediático a raíz de la participación del máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Durante la vista celebrada en el Tribunal Supremo, éste descartó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera “el 1” de la trama.
Luzón sí dibujó una red criminal que nació tras la llegada de los socialistas al Ejecutivo en 2018 y en la cual el exministro José Luis Ábalos era la figura central. La red comenzó a desintegrarse cuando Sánchez prescindió de Ábalos en 2021. En cambio, Luzón recomendó rebajar la condena de Aldama, dada la utilidad procesal de su confesión y a pesar de que éste había lanzado graves acusaciones contra Sánchez y contra el PSOE, a quienes acusó de financiación irregular y mordidas.
Sin embargo, aseguró que acataría las órdenes de la fiscal General del Estado, Teresa Peramato, que se opone a reducir la pena al empresario. Un ejemplo más del partidismo que trata de colonizar las instituciones, pues no está de más recordar que en el anterior gran caso de corrupción, la Gürtel, y con las tornas invertidas — el entorno del PP estaba en el centro de la corrupción — la Fiscal General de entonces, Dolores Delgado, quien venía de ser ministra con los socialistas, sí que aplicó la máxima atenuante al corruptor arrepentido, Fernando Correa, por tirar de la manta.
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El juicio, que durante un mes ha sentado a altos representantes políticos en un nuevo escándalo de corrupción, termina así con gran menoscabo de la credibilidad de las instituciones democráticas y una gran decepción de la ciudadanía.
Llueve sobre mojado, sí, y extiende la percepción de que la corrupción, tan nociva para la democracia, campa a sus anchas en el seno de los partidos políticos, donde encuentra cobijo para anidar. De ahí la importancia de quedarse con el duro alegato del Fiscal Anticorrupción contra el enchufismo: “Las empresas públicas no pueden ser espacios para la colocación discrecional, un aparcamiento de políticos y sustento de sus familiares y amigos”.