El Ayuntamiento de Pamplona va a investigar las circunstancias en torno a una factura de 10.850 euros en concepto de abonos de aparcamiento de 24 horas que reclama la empresa Acvil Aparcamientos S.L., que gestiona el parking de la Plaza de Toros. 

Se trata del pago de 17 abonos que utilizaron, entre los meses de enero a junio de 2022, vecinos y vecinas de la Media Luna que no podían acceder a sus vados debido a las obras que se estaban llevando a cabo en el solar de Salesianos.

Mediante Resolución de Alcaldía, y con base en un informe jurídico municipal, el Ayuntamiento de Pamplona ordena la apertura de un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias que rodean la reclamación del pago de esa factura que, tras ser denegada en agosto de 2022, volvió a requerirse su abono mediante instancia en marzo de 2026. 

Asimismo, el Ayuntamiento requiere a la persona que presentó la instancia para cobrar la factura que en el plazo de diez días acredite que ostenta la representación de la empresa que gestiona el parking para confirmar su capacidad de reclamar. 

El informe jurídico señala que “es necesario que se instruya un expediente administrativo en orden a conocer las circunstancias por las que Acvil Aparcamientos S.L. emitió al Ayuntamiento de Pamplona la factura cuyo pago fue rechazado en agosto de 2022 para determinar si el municipio tiene que abonar la factura”. 

En caso de que así deba ser, se debería determinar también “si se podría exigir responsabilidad a las personas que, en su caso, hubieran comprometido fondos públicos del Ayuntamiento de forma no ajustada a derecho”. 

Según consta en el informe jurídico, revisado el gestor de expedientes “no hay expediente administrativo alguno” sobre este asunto y “la documentación existente en el Ayuntamiento de Pamplona, previa a la instancia (…), se limita a dos correos electrónicos con los temas: Matrículas C/Media Luna y Abonos 24 h. Residentes Ensanche”. En esos correos, además de personal técnico municipal y de la empresa gestora del parking de la Plaza de Toros, interactuaban dos directores de las áreas de Seguridad Ciudadana y de Proyectos del equipo de gobierno de Navarra Suma. En uno de los correos, se adjuntaban las matrículas de 17 vehículos autorizados que se correspondían con cuatro personas físicas y una persona jurídica. 

INTERÉS PÚBLICO MUNICIPAL

Por esos correos electrónicos, y según el informe jurídico municipal, “se puede deducir que es el Ayuntamiento de Pamplona quien va a asumir el pago”. 

Así las cosas, “las circunstancias y razones por las que se emitió la factura al Ayuntamiento de Pamplona deben ser aclaradas y procede saber con certeza si hubo un contrato verbal que se concertó a petición del Ayuntamiento de Pamplona, así como las razones de interés público”. 

Se considera necesario, pues, “iniciar una investigación al efecto de conocer las circunstancias que rodearon la emisión de la factura (…), toda vez que por lo que se recoge en uno de los correos, “parece que dos personas directoras de áreas municipales (…) llevaron a cabo acciones en orden a que el Ayuntamiento de Pamplona hiciera gestiones para que 17 vehículos de personas particulares tuvieran aparcamiento en la Plaza de Toros mientras duraban las obras de construcción de Salesianos (obras ajenas al Ayuntamiento de Pamplona), entre el 10 de enero y el 10 de junio de 2022”.

El informe señala que “existen indicios racionales para entender que sí se llevó a cabo esta contratación sin que, en principio, parezca que se siguieran los procedimientos de contratación y autorizaciones de gastos que cualquier disposición de dinero público requiere”. 

En este caso, continúa el informe, “no hay datos para saber quién podría confirmar la correcta ejecución de la prestación del servicio y que procede el pago de esta factura”. A ello se suma la necesidad de saber si el contrato atendía a “un interés público municipal que tuviera que ser atendido por el Ayuntamiento de Pamplona”. 

Si no se cumplieran esos dos aspectos, es decir el interés público y el procedimiento de contratación, “podría suponer un quebranto para las arcas públicas lo que podría dar lugar a derivar en responsabilidad de autoridades y personal al Servicio de las Administraciones Públicas” de conformidad con la legislación vigente. 

Por último, la Resolución de Alcaldía (RAL) designa para instruir este procedimiento de información a la jefa municipal de Contratación Pública, Ana María Jiménez Marco, como secretaria y a la directora de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Pamplona, María Victoria Borja Etayo, como instructora.