El Primero de Mayo nunca ha sido una fecha simbólica. Nació de la lucha por la jornada de ocho horas y, más de un siglo después, sigue siendo lo mismo: una jornada de lucha y reivindicación, y un recordatorio de que ningún derecho laboral ha caído del cielo ni está garantizado para siempre. Cada 1º de mayo nos enfrenta a una pregunta inevitable: ¿cómo defendemos y ampliamos los derechos de los trabajadores ante las nuevas formas de precariedad? La respuesta combina avances reales con retos pendientes. En los últimos años se han logrado avances relevantes: España ha superado los 22 millones de personas ocupadas, una cifra histórica de creación de empleo. La reforma laboral, fruto del acuerdo con UGT y CCOO, ha reducido la temporalidad del entorno del 25% a cerca del 15%, mejorando la estabilidad de millones de trabajadores. Hemos logrado duplicar el Salario Mínimo Interprofesional, pasando de 655,20 euros en 2016 a 1.221 euros en 2026 (por cierto, dónde estaban esos sindicato que reclaman un salario mínimo diferente para Navarra mientras UGT y CCOO logramos, tras movilizaciones y pactos, prácticamente doblar el SMI). Y también hemos conseguido blindar el sistema público de pensiones, garantizando su revalorización conforme al IPC. 

No es suficiente. Nada de esto ha sido automático ni un regalo. Son conquistas fruto de decisiones políticas, pero sobre todo de la acción sindical y de la organización de la clase trabajadora. Sin embargo, no es suficiente y la realidad cotidiana de millones de personas lo demuestra. Tener empleo no garantiza una vida digna. La precariedad no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad, con precios que crecen muy por encima de los salarios. En demasiados casos, el alquiler consume una parte excesiva del sueldo. La inflación ha reducido el poder adquisitivo y el empleo a tiempo parcial involuntario sigue atrapando a cientos de miles de personas en ingresos insuficientes. Trabajar ya no siempre significa vivir con seguridad. Esa es la fractura central del modelo actual. Salarios, tiempo y vida Por eso, la reivindicación salarial sigue siendo central. No es técnica, es de dignidad. El crecimiento económico debe traducirse en mejores condiciones de vida para quienes lo generan. La negociación colectiva es la herramienta clave: donde hay organización sindical hay avances; donde no, retrocesos. 

Pero el conflicto social va más allá del salario. También es un conflicto sobre el tiempo de vida. En una economía más productiva, es razonable reducir la jornada laboral para vivir mejor, conciliar y cuidar la salud. Defendemos avanzar hacia las 37,5 horas semanales ahora y hacia las 32 horas en el futuro, con la productividad al servicio de las personas. Junto a ello, es imprescindible acabar con el abuso de las horas extraordinarias y garantizar su correcta compensación. El tiempo de trabajo no puede seguir siendo una mercancía barata. La seguridad en el trabajo sigue siendo una asignatura pendiente. Cada año, cientos de personas mueren en accidentes laborales en España: 735 en el último ejercicio. No son cifras: son vidas truncadas. Esto evidencia fallos en prevención, inspección y cumplimiento. Sin recursos ni control, la seguridad se debilita. Por eso defendemos la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, frente a quienes bloquean su mejora. Y frente a quienes hablan de “absentismo” para señalar a personas enfermas o embarazadas, la respuesta es clara: más prevención y más salud laboral. La salud del trabajador es innegociable.

 Vivienda, servicios públicos y desigualdad. El problema laboral no puede separarse del modelo social. Sin vivienda digna no hay libertad real. Sin servicios públicos fuertes no hay igualdad. Sin pensiones suficientes no hay seguridad vital. Todo forma parte del mismo contrato social. España mantiene una presión fiscal inferior a la media europea, lo que limita la inversión en sanidad, educación o vivienda. Hablar de fiscalidad progresiva no es ideología: es decidir cómo se sostiene el Estado del bienestar. 

Sí a la paz. No a la guerra. El contexto internacional tampoco es neutral. Las guerras y la inestabilidad geopolítica siempre las pagan las personas trabajadoras y los más vulnerables. Los conflictos armados generan inflación, destruyen empleo y aumentan la desigualdad, pero sobre todo destruyen vidas, y la inmensa mayoría de inocentes. Por eso el sindicalismo es claro: sí a la paz, no a la guerra. Y mientras, crecen discursos que buscan dividir a la clase trabajadora o debilitar lo público. No es un fenómeno menor. Frente a ello, la respuesta es organización, solidaridad y más derechos. Una sociedad dividida es una sociedad más débil. Por eso el lema de este 1º de Mayo es claro: “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”. No vamos a aceptar retrocesos ni una sociedad de ciudadanos de primera y segunda y defendemos también la regularización de personas en situación administrativa irregular como un acto de justicia y cohesión social. Salir a la calle sigue siendo necesario. El Primero de Mayo no es un ritual. Es una herramienta. No se trata solo de recordar lo conseguido, sino de defenderlo y avanzar. Los derechos no se heredan: se conquistan. Y esa sigue siendo la razón de esta jornada: porque la lucha por una vida mejor sigue abierta. Os esperamos.

Lorenzo Ríos. Secretario General de UGT Navarra