La semana judicial que agita la política española ha puesto de relieve la importancia de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. El ‘caso ‘Kitchen’ que ha llevado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy a la Audiencia Nacional y la trama de mascarillas que mantiene encarcelado al exministro socialista José Luis Ábalos, acusado de cobrar comisiones ilegales en la pandemia, retratan los usos más perniciosos del poder. 

Aunque les separen diez años, ambos escándalos comparten la lamentable facilidad con la que se cuelan presuntos corruptos y corruptores en los principales partidos en España. Su incapacidad para prevenir las irregularidades amenaza con dañar el servicio público y su reputación. 

En calidad de testigo, Rajoy rechaza cualquier vínculo con el espionaje a Luis Bárcenas para destruir pruebas sobre la ‘caja B’ del Partido Popular y su financiación ilegal, supuestamente orquestado por la cúpula de Interior con el conocimiento de la dirección del PP cuando él lideraba el partido y el Ejecutivo. Ante el tribunal, repitió “no tengo ni idea” y sólo reconoció un operativo policial para “buscar el dinero” que Bárcenas habría ocultado bajo la sospecha de que no era “trigo limpio”. Lo negó todo Rajoy, hasta el recuerdo de su mensaje “Luis sé fuerte” después de aflorar la fortuna del extesorero en Suiza. 

Desgraciadamente no es una novedad que los abusos de poder, el clientelismo y el uso indebido de fondos públicos se examinen ante la Justicia. Pero sería una grave equivocación quitarles hierro. La opinión pública no puede ni debe afrontar sin gesto de asombro el escándalo de la corrupción, por mucho que abrumen la polarización en los partidos, enfrascados en el nocivo ‘y tú más’, y la sucesión de juicios. 

El espionaje y las mordidas cuestionan la capacidad de contención del PP y del PSOE. Para atajar las irregularidades no basta con depurar responsabilidades y forzar dimisiones. La prevención es necesaria para detectarlas antes de que acaben dañando a la democracia.