Una de las principales funciones del Gobierno consiste en recaudar impuestos para financiar su Gasto Público, el cual conlleva múltiples partidas, que van desde sanidad o educación hasta dependencia, infraestructuras o Defensa. El debate actual se centra en la gestión de los impuestos, olvidando otro con la misma importancia: cómo gastar mejor. La cuestión planteada es: ¿más o menos impuestos? Ventajas, se pueden cubrir más necesidades sociales. Desventajas, los ciudadanos disponen de menos recursos que podrían usar para invertir o consumir en los bienes y servicios que deseen. En teoría, los partidos de izquierdas priorizan la primera opción para mejorar la equidad social; los de derechas priorizan la segunda para que así el crecimiento económico sea mayor, aunque eso suponga más desigualdad. Este asunto adquiere especial relevancia en Navarra, debido a su autonomía fiscal: ¿se deben bajar los impuestos para incentivar que nuestra tierra sea más atractiva para personas físicas y jurídicas o subimos los impuestos para reducir la deuda y mejorar los servicios públicos?

Estos debates se orientan demasiado en la ideología marginando los efectos prácticos, lo que sería mucho más relevante. Valoremos otros aspectos, comenzado por los dos tipos de distorsiones que suelen realizar los Gobiernos.

Primera distorsión: no deflactar el IRPF (impuesto de la renta personas físicas). Este impuesto funciona por tramos. Por cada cantidad adicional que se cobra se pagan proporciones mayores. Supongamos que para los 2.000 primeros euros de salario la tasa impositiva es del 10% y en el tramo que va de 2.000 a 5.000 es de un 20%. Una persona que gana 2.000 euros al mes pagaría el 10%: 200 euros. Una persona que gana 3.000 euros al mes pagaría un 10% de los 2.000 primeros euros (total, 200) más el 20% de los 1.000 euros (total, 200) que faltan para llegar a 3.000. Cantidad total: 400 euros.

Supongamos que en 5 años los precios suben un 50%. Si alguien gana 2.000 euros, el empresario le debería subir el salario un 50% para no perder poder adquisitivo. El sueldo sería de 3.000 euros. En justicia, el gobierno debería subir el tramo del 20% de los 2.000 a los 3.000 euros para que el trabajador no pierda capacidad de compra. A eso se le llama deflactar la tarifa. Así, nuestro amigo pagaría el 10% de los 3.000 euros: 300 euros. Sin embargo, el gobierno mantiene los tramos y así cobra los 400 euros. Eso tiene un nombre. Es un robo. ¡Y luego se meten con los empresarios!

Segunda distorsión, decir que “el Gobierno ayudará con 5.000 millones de euros a las empresas, autónomos o industrias para afrontar sobrecostes debidos a la guerra de Oriente Medio”. Ese dinero no es un regalo: lo estamos pagando entre todos. Y se hace mediante tres vías. Uno, la inflación. En España, la mejora de la recaudación fiscal en enero y febrero de este año respecto del ejercicio anterior ha sido de 6.755 millones de euros. Más que suficiente para cubrir el gasto comentado. Segunda vía, impuestos directos. Tercera vía, aumentar la deuda. En el caso de no tener recursos para pagar esas “ayudas” el gobierno pide prestado y, simplemente, se difiere el pago para más adelante.

Respecto de la fiscalidad actual, hay un asunto muy preocupante. No hace tanto tiempo cuando la economía iba bien los gobiernos ahorraban para estar cubiertos en el caso de llegar tiempos peores. Eso ya es pasado. Hoy en día existe un incentivo clave para gastar más de lo que se ingresa: los votantes no penalizan el aumento de la deuda. Prefieren ayudas, puestos públicos o subvenciones hoy aunque eso suponga pagar más intereses mañana. En la actualidad, se afronta un pago en esta partida superior a los 40.000 millones de euros. Es como quitar a los “penúltimos” (clase media, pequeños empresarios) para dar a los grandes ahorradores (fondos de inversión o particulares con gran poder adquisitivo) los cuales logran una ganancia fácil con un riesgo bajo. Si a todo ello le añadimos lo difícil que es conocer la asignación del gasto público o los múltiples casos de corrupción que nos acosan desde hace años se observa una mayor resistencia a pagar impuestos debido al inmenso despilfarro percibido.

¿Entonces? ¿Propuestas? Uno, transparencia clara en las cuentas y debatir sobre cómo gastar; basta de tonterías ideológicas. Dos, reducir la burocracia. Ya vale. Tres, limitar los impuestos para la energía básica o los alimentos. Por ejemplo, que el gobierno no pueda recaudar más de 50 céntimos por litro de gasolina o más de un 20% de un bien de primera necesidad. Cuatro, priorizar industrias estratégicas, especialmente el Sector Primario. Autonomía, no dependencia. Cinco, limitar la deuda. Seis, deflactar el IRPF. Siete, edificar más hospitales y más viviendas. Ocho, racionalizar las ayudas sociales mediante discriminaciones efectivas. Nueve, infraestructuras. Diez, manos a la obra.

Javier Otazu Ojer. Economía de la Conducta. UNED de Tudela