Un pacto de Gobierno con aristas

El pacto excluyente que el Partido Popular y Vox están decididos a adoptar en Extremadura, bajo la consigna de ‘primero los de casa’, conlleva una restricción de derechos hacia la población de origen extranjero que no superaría un examen de legalidad. El acuerdo de gobierno entre ambas fuerzas, cuya fijación contra la inmigración puede marcar la campaña en Andalucía, vulnera normas fundamentales que deben proteger a los habitantes de un mismo territorio. Servicios que no sólo garantizan la solidaridad, sino que evitan la marginación de los colectivos vulnerables. 

El programa que permitirá al PP de María Guardiola renovar la presidencia constituye una enmienda a la totalidad de la regularización masiva recién aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero corre el riesgo de no pasar la prueba del algodón en un tribunal de justicia por las dudas legales que suscitan sus limitaciones en derechos básicos. 

Recelos que también afloran en las filas populares y que amenazan con alterar la agenda moderada de su candidato andaluz a la reelección, Juanma Moreno. Que una líder como Isabel Díaz Ayuso, némesis de Sánchez, cuestione en público la legalidad de una medida que “deja fuera del sistema a quien contribuye” a él constituye la prueba más palpable del controvertido impacto del pacto extremeño. El endurecimiento de la política migratoria, al que se añade el rechazo a la acogida de menores, revela las prioridades de Vox a cambio de su apoyo a Guardiola, posiblemente, la referencia de los populares más recelosa al ideario ultra. 

Delegarle la gestión del campo es un clásico en las alianzas autonómicas del PP para ganar estabilidad. Pero entregar la gestión de la inmigración a los dictados de la extrema derecha parece una imprudencia porque prejuzga como un problema a los extranjeros, cuando su aportación es fundamental en Extremadura aunque apenas supongan el 6,4% de la población total. Será el bautismo de fuego para los de Abascal en una comunidad que precisa de miles de trabajadores extranjeros en el sector agrícola, base de su economía.