El escándalo desatado por la dimisión del jefe operativo (DAO) de la Policía, acusado de haber violado a una agente hace diez meses en un piso oficial del Ministerio del Interior en Madrid, exige al Gobierno una respuesta firme y contundente para acabar con cualquier resquicio de impunidad. 

Lo primero, para depurar eventuales responsabilidades sobre unos hechos bajo sospecha de extrema gravedad. Lo segundo, para determinar cómo es posible que la cúpula del Ministerio, con Marlaska a la cabeza, haya sido incapaz como alega el ministro de detectar antes un caso que golpea el andamiaje del Estado de Derecho por la relevancia del presunto agresor y el alcance de los eventuales delitos cometidos. 

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La necesaria ejemplaridad en el ejercicio del servicio público, truncada en este caso sometido ahora a investigación, adquiere una dimensión aún mayor al afectar al ‘número dos’ de la Policía Nacional. En el caso que ha provocado el cese de José Ángel González por supuesta agresión sexual, se repite el grave problema ‘in vigilando’ que sacude al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al PSOE durante la legislatura: la presunta corrupción de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, siendo secretarios de Organización de los socialistas; y el comportamiento machista de Paco Salazar con sus empleadas en La Moncloa, apartado de sus responsabilidades cuando iba a ocupar el cargo vacante por el ingreso en prisión de Cerdán. 

Marlaska, respaldado este miércoles por Sánchez, se ha comprometido a dimitir si la víctima de su exjefe de la Policía así se lo pide, algo insuficiente para un PP que le exige el cese inmediato al dar pleno crédito al testimonio de la denunciante. Sin embargo, los populares de Núñez Feijóo eluden una reacción semejante entre sus filas al mantener en el cargo a su alcalde de Móstoles, a pesar de las acusaciones de hostigamiento sexual y acoso laboral que pesan sobre él en la querella presentada por una concejala de su equipo. La hipocresía lastra cualquier intento de devolver la ejemplaridad dañada por un intolerable abuso del poder en el desempeño de un cargo público.