Tal y como se viene recogiendo en las informaciones y reportajes que el proyecto Desafíos de Navarra viene abordando este mes, es un hecho que España, y por ende Navarra, ya no se pueden entender sin su población de origen extranjero por su creciente peso en la economía y en la demografía. Como señalaba en su reciente visita a Pamplona el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), “la inmigración es un componente estructural y decisivo de la sociedad española”. No en vano, en pocas décadas nuestro país ha pasado de ser un país de emigrantes a colocarse como “el cuarto del mundo” en recepción de inmigrantes, lo que ha tenido y tiene su lógica repercusión a la hora de gestionar de manera ordenada, como debe ser, un fenómeno tan sensible como complejo. Como bien relataban estudiantes universitarios que protagonizaban uno de los reportajes de este diario, “los discursos negativos sesgan la opinión”. 

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El Gobierno de Pedro Sánchez no es ajeno al debate que el imparable fenómeno migratorio ha abierto y recrudecido en la Unión Europea, donde se ha producido un endurecimiento de las políticas de control. El desafío migratorio exige afrontarlo desde la defensa de los derechos humanos, alejado de los cálculos partidistas del momento y sin oportunismos ni tentaciones xenófobas que solo buscan contaminar el debate en pro de intereses políticos que incendian el relato y la convivencia. Pero también sin ser condescendiente para evitar, precisamente, los temidos populismos, y que aquellos inmigrantes, la gran mayoría, que suman a nuestra sociedad con su trabajo y comportamiento honesto, se vean perjudicados por aquellos que generan conflictos. Es necesario un análisis realista, exigente y asentado en datos para poder diseñar así políticas migratorias que funcionen de verdad. Porque cuando la integración falla, no solo sufren las personas migrantes; también se deteriora la convivencia, se tensionan los servicios públicos y ganan terreno los discursos simplistas. Y ese es el camino que hay que evitar.