Apenas dos días después del fatal accidente en Adamuz, otro choque se cobró la vida de un maquinista en Gelida (Cataluña), cuyo tren de Rodalies descarriló tras colisionar con un muro que se había derrumbado a causa de las lluvias. Este segundo accidente llevó a la suspensión total del servicio regional de trenes durante seis días. 

A pesar de que este lunes estaba prevista su reapertura, ésta no tuvo lugar a causa de una nueva avería global en el sistema centralizado de control, de manera que todavía hoy miles de catalanes siguen afectados por la suspensión de un servicio público fundamental. 

Al margen de las catástrofes ferroviarias de los últimos días, la avería del sistema y la ineficacia en la gestión de la crisis se produce un momento ciertamente inoportuno para la Generalitat: en pleno debate sobre el futuro de la gestión de Rodalies. En efecto, está prevista la transferencia del servicio a una empresa mixta de los gobiernos autonómico y central, aunque por el momento sigue siendo operado por Renfe y las vías y el resto de las infraestructuras, por Adif, que no han concretado aún cuándo volverá a la normalidad el servicio. 

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Ante tales circunstancias, la Generalitat de Cataluña, siguiendo la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque, ha optado por acusar tanto a Renfe y a Adif del caos en el que se halla sumido el sistema ferroviario regional y ha cesado a sus responsables en la comunidad. Las acusaciones son también un intento de calmar a sus socios de investidura, Esquerra Republicana, que en los últimos días había criticado la perpetua “sumisión” del 'president' al Ejecutivo nacional. 

Sin embargo, a pesar de las declaraciones del gobierno catalán, todo apunta a que el caos producido tiene también relación con la gestión por parte de éste de los servicios públicos autonómicos. Por lo demás, el caos de Rodalies es la peor crisis que afronta Salvador Illa desde que tomó posesión como presidente de la Generalitat y éste es plenamente consciente de que ahora le toca hacer encaje de bolillos.