Aunque Karl Marx defendió ya la abolición de la propiedad privada, se atribuye al pensador francés Leon Duguit la paternidad de la teoría sobre la función social de la propiedad. “La propiedad -argumentaba allá por 1912- no es un derecho, es una función social. El propietario (…) tiene (…) una función social que cumplir; mientras cumpla esta misión, sus acciones como propietario están protegidas. Si no la cumple (…) es legítima la intervención de quienes están en el poder para obligarlo a cumplir su función social de propietario, que consiste en asegurar el uso de la riqueza que posee de acuerdo con su propósito previsto”.

El Fuero de los españoles (1945) disponía que “Todas las formas de la propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la nación y al bien común”. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, matizando que “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”.

El Tribunal Constitucional ha sentenciado que “la fijación del ‘contenido esencial’ de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales, sino que debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo”. Corresponde a los jueces velar por que el sometimiento de la propiedad privada a los intereses generales evite, eso sí, que las limitaciones impuestas a los dueños vayan más allá de lo razonable.

Valga esta breve introducción para explicar el creciente intervencionismo con el que los poderes públicos intentan atajar los graves problemas que padece el tensionado mercado de la vivienda.

Es en Cataluña y, más concretamente, en Barcelona, donde más se ha actuado al respecto, dada la militancia política de sus gobernantes. La alcaldesa Colau reservó el 30% del suelo capitalino para vivienda social, previendo sacar al mercado 330 VPO al año. De 2018 a 2025 se han contabilizado únicamente 31. El papel, como es sabido, lo aguanta todo. La inicial restricción y ulterior prohibición de viviendas turísticas tampoco ha rebajado el precio del alquiler, pues un incremento del 1% de las VUT aumenta los precios del arrendamiento un insignificante 0,0098%.

Un documentado estudio de tres prestigiosos catedráticos de ESADE concluye que la ley que limitó los alquileres en Cataluña (2020) fijando un precio de referencia, provocó que, tanto las rentas que estaban por debajo como por encima de dicho índice convergieran hacia él, generando el efecto perverso de encarecer los alquileres más bajos y abaratar los más elevados. La medida menguó la oferta de viviendas en alquiler y desincentivó la inversión inmobiliaria. Fomentó, además, el mercado negro y la calidad de los inmuebles arrendados se resintió, al reducirse el gasto en mantenimiento. En Madrid, sin regulación, los precios se comportaron mejor.

A pesar del amplio consenso existente sobre las perniciosas consecuencias que a medio y largo plazo genera el control de precios, los políticos implementan esta populista medida por carecer de coste presupuestario y ser de fácil venta como rápida respuesta a la necesidad de hacer algo para atender la desbordante demanda habitacional.

Entre tanto, se demoniza al arrendador, asociado a fondos buitres, cuando el 92% de los caseros son particulares que han invertido sus ahorros en una vivienda con cuyo alquiler buscan complementar su pensión, y el 93,4% de ellos solo dispone de un piso en arrendamiento.

Añádase a lo anterior una fiscalidad que supera la media europea y la indefensión de los propietarios, abocados a largos y costosos procedimientos judiciales ante impagos y okupaciones. No obviemos los nocivos efectos de las infinitas prórrogas del Decreto anti-desahucios para inquilinos vulnerables aprobado en 2020 para hacer frente a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, ya superada, que está provocando que no se alquilen viviendas a familias con menores, por ser potencialmente vulnerables. Conste que no me opongo a ayudar a quienes realmente lo necesiten, sino a que sean los particulares, en lugar de las administraciones públicas, quienes estén asumiendo esa carga.

¿Por qué en lugar de intervenir el mercado, limitando, prohibiendo, expropiando, multando… no se dedican a construir más viviendas, mayormente públicas -a poder ser, sin pagar mordidas- afrontando así la raíz del problema, que no es otro que la escasez de la oferta?

Y en Navarra, a todo esto, ¿qué estamos haciendo? Pues aplicar el contraproducente control de precios, mientras renunciamos a edificar viviendas. Nuestros políticos han bloqueado la promoción de 271 pisos en Elizpea, Barañáin; 5.000 en Donapea y 12.500 en Echavacoiz, ¡cuyo PSIS se inició en 2003!, muchos de ellos protegidos, anteponiendo los intereses partidistas a las apremiantes necesidades de una ciudadanía que suma 25.000 demandantes de vivienda social. Deberíamos expulsar de las instituciones a tanto gobernante incompetente, por truncar los proyectos de vida y los sueños de esos votantes a los que en los próximos comicios volverán a prometer, sin rubor, cuanto después incumplirán. Y luego se sorprenden de la desafección política o de que los jóvenes abracen posiciones extremas añorando épocas pretéritas, felizmente superadas, en las que al menos todo español era dueño de su vivienda.

ManuelSarobe. Notario.