Desde la APYMA Zumedia del colegio Virgen Blanca de Huarte nos dirigimos al Departamento de Educación para trasladar nuestra preocupación por la situación vivida en el inicio de este curso escolar y por las consecuencias que determinadas decisiones administrativas están teniendo en la convivencia de nuestra comunidad educativa.

Consideramos imprescindible contextualizar los hechos que han llevado a la situación actual, originada tras la incorporación de una docente con antecedentes de expediente disciplinario en el colegio público de Sarriguren y con denuncias por parte de numerosas familias e investigaciones internas en el colegio Atargi de Villava. Dichas denuncias, entre otras cosas, señalaron situaciones de “trato intolerable y vejatorio hacia los niños con consecuencias emocionales y psicológicas como ansiedad, miedo o desasosiego” que desembocaron en diversas movilizaciones, entre las que se incluyó una huelga escolar con más del 93% de seguimiento del alumnado de Atargi.

Así mismo, y según la información facilitada por el director de educación, fue el propio Departamento quien recomendó su traslado fuera de Atargi para alejarla de un entorno calificado como conflictivo, otorgándole una comisión de servicios por motivos de salud, lo que le permitió elegir finalmente un destino en una localidad cercana.

Una vez la escuela fue conocedora de esta situación y en contacto con la APYMA se elaboró un protocolo específico de actuación con el objetivo de atender adecuadamente la situación y preservar la convivencia y el bienestar del alumnado y del profesorado.

Desde el comienzo del curso se han mantenido todas las reuniones posibles, tanto con la escuela como con la Dirección de Educación, mostrando en todo momento una disposición absoluta al diálogo. Sin embargo, las solicitudes de reunión con Inspección Educativa no fueron atendidas.

En este contexto, el Departamento ofreció inicialmente una dotación de 17 horas de apoyo, condicionada además a la desconvocatoria de movilizaciones. Finalmente, esta dotación se redujo a 12 horas.

Queremos manifestar con claridad que los compañeros del claustro no son responsables ni corresponde a sus funciones vigilar o acompañar a otro docente, y que esta carga adicional empeora sus condiciones laborales y, como consecuencia directa, la atención educativa al alumnado. Somos plenamente conscientes de que el centro está sufriendo las consecuencias de decisiones políticas y técnico-laborales adoptadas desde el Departamento, desde la distancia y sin el acompañamiento necesario.

Durante los tres meses en los que la docente no ha estado presente, el centro ha funcionado con total normalidad, como corresponde a una escuela de pueblo. La reincorporación se produjo a la vuelta de vacaciones, generando una situación de nerviosismo que dificultó la toma de decisiones serenas y adecuadas. La propia escuela se vio sorprendida y obligada a reorganizar horarios de manera urgente para poder cumplir con el protocolo establecido.

Se ha generado una situación de tensión y malentendidos dentro de la comunidad educativa. Reconocemos que algunas de las decisiones tomadas por parte de la APYMA pudieron no ser las más acertadas, lo que ha podido generar malestar entre el claustro y el profesorado. Por ello, las acciones que se están llevando a cabo buscan aclarar la situación y promover una convivencia positiva.

Lamentamos profundamente el tono y el contenido del comunicado emitido por el Departamento, cuyo lenguaje beligerante y de confrontación, que además de no ajustarse a la veracidad de los hechos, resulta innecesariamente incendiario y no contribuye a abordar una situación compleja, sino que corre el riesgo de agravarla. En este contexto, entendemos que dicho mensaje responde a una estrategia de desviar la atención del verdadero problema de fondo, que no es otro que el hecho de que, desde el 8 de enero una parte significativa de las familias no percibe la escuela como un entorno seguro para sus hijos. Algo extremadamente grave y que solo tiene un responsable, el Departamento de Educación.

Nos preguntamos, además, dónde ha estado la Inspección Educativa desde julio, dado que no ha intervenido en ningún momento.

Consideramos que las horas de apoyo educativo deben destinarse al alumnado, y no al acompañamiento de una docente, y que la inoperancia del Departamento en la gestión de este caso es lo que ha generado la situación actual.

Por todo lo expuesto, solicitamos a Educación que asuma su responsabilidad, active de manera efectiva los mecanismos de inspección e intervención y adopte las medidas necesarias para resolver definitivamente una situación que no puede seguir recayendo sobre la escuela, el claustro ni las familias.