A lo largo de esta legislatura, los acontecimientos políticos, tanto en Navarra como en el resto de España, reflejan una situación que debería preocupar profundamente a la ciudadanía. La actual crisis de Gobierno, unida a los presuntos casos de corrupción, está provocando una grave credibilidad institucional. Más allá de las explicaciones y de los cruces de declaraciones, lo que resulta llamativo es la ausencia de responsabilidades políticas. En ambos gobiernos, se ha instalado la consigna de que hay que resistir, negar o ganar tiempo, incluso cuando la confianza pública lo pone en entredicho. En mí opinión: los casos de corrupción no deben de relativizarse ni justificarse en nombre de la estabilidad política, cuando se antepone la conservación del poder a la transparencia y a la ejemplaridad, se está fallando a la ciudadanía.

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La Comunidad foral de Navarra, se ha caracterizado por exigir rigor en la gestión pública y no merece gobiernos sostenidos por pactos frágiles, intereses partidistas y explicaciones insuficientes ya que, ésta, es una forma de hacer política que esquiva responsabilidades y normaliza lo que debería ser inaceptable. Los socios de investidura se lo comen todo tapándose la nariz y callan. No exigen dimisiones, ni explicaciones claras, ni rendición de cuentas como sería su obligación y de alguna manera son participes de su política. Navarra y España necesitan instituciones creíbles y responsables, para recuperar la confianza ciudadana que demanda algo más que discursos: exige decisiones y consecuencias. Es sabido, que la corrupción política constituye una de las mayores amenazas para la democracia, porque no se trata solo de casos aislados o de nombres propios, sino de un problema estructural que erosiona la confianza ciudadana, debilita las instituciones y perpetúa las desigualdades sociales y económicas.

En Navarra, una comunidad históricamente reconocida con su compromiso cívico y su identidad foral, los últimos casos de corrupción han supuesto un duro golpe a la credibilidad de la clase política. A escala nacional, la situación no es menos preocupante, España, ha sido testigo de escándalos que afectan a distintos partidos y niveles de gobierno. La reiteración de estos episodios ha generado una peligrosa normalización de la corrupción, acompañada en ocasiones por la impunidad, la lentitud judicial y la insuficiencia de control efectivos.

La corrupción, no es problema ideológico, sino ético y democrático, y combatirla exige voluntad política real, una justicia independiente y dotada de medios, así como una ciudadanía informada, crítica y participativa. La transparencia, la rendición de cuentas y la educación cívica deben de convertirse en pilares irrenunciables de la vida pública. Dicho esto: Cuando en política solo se busca mantenerse a cualquier precio, donde el poder es el fin, no el medio, sacrificando ideales por la supervivencia, ésta, suele derivar en oportunismo, populismo, y clientelismo. Se prioriza el control sobre el bienestar público y la ley, se pacta con cualquiera, se cambian posturas y se ignora la ética.

Los gobiernos sostenidos por mayorías frágiles, pactos opacos y una política centrada en la supervivencia parlamentaria antes que el interés general qué, incluso, apelan a las pasiones y miedos de la gente para obtener el apoyo necesario. En el fondo, no les importa la legalidad: Aunque la ley les límite, la ignoran o la retuercen si es un obstáculo para la permanencia en el poder. Hay claros ejemplos, a lo largo de la legislatura, que demuestran lo qué afirmo. Cuando los recursos públicos son saqueados, con cada acto de corrupción se roba algo más que dinero: Se soslaya la confianza, el futuro y la dignidad, y se normaliza la impunidad. Ver a algunos políticos enriquecerse, contratos amañados, justicia selectiva y silencio institucional se ha convertido en una costumbre, por desgracia, dañando la imagen de los qué son honrados. La corrupción: es el cáncer de la política y cuando aflora hay que tener tolerancia cero con ella. Creo, qué la situación actual exige elecciones, ya qué la única salida legítima es devolver la palabra al pueblo, y esto no es una concesión, es una obligación democrática. El tiempo dirá…

Ricardo López Pérez. Expresidente de la Junta de Aguas de Tudela.