El 22 de noviembre de 1975, con la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España, se inició una nueva etapa en la historia de España cuyo cincuentenario debemos celebrar. Para que ello ocurriera fue preciso que se produjera previamente el denominado eufemísticamente “hecho biológico”, esto es, la muerte del dictador. En todo caso, cincuenta años después no debemos conmemorar la muerte de Franco sino el comienzo de la Transición. En este sentido, resulta muy significativo el testimonio del expresidente socialista Felipe González, quien recuerda que al tener noticia de la muerte del dictador le ofrecieron brindar con champán y se negó, alegando que jamás brindaría por la muerte de un español, aunque se tratara de su peor enemigo. La prolongada dictadura de Franco retrasó varias décadas la incorporación de España al grupo de naciones democráticas, y aunque en su haber figure el inicio de un proceso de industrialización, desarrollo económico y creación y consolidación de clases medias, ello se hizo pagando un altísimo precio de falta de libertades y de garantías de los derechos. Ahora bien, el franquismo fue un poder de hecho y no una ideología. 

Como poder de hecho, de carácter carismático y personalista, estaba destinado a perecer junto con la persona física de su fundador. El franquismo sin Franco era un oxímoron por lo que los intentos de institucionalizar el régimen estaban condenados de antemano al fracaso. Con todo, esa institucionalización se tradujo en la instauración de una monarquía, la del 18 de julio, cuya titularidad correspondió, por voluntad de Franco a Juan Carlos I. Y por ello, el 22 de noviembre fue proclamado como su sucesor a título de Rey. Ahora bien, desde el primer día de su reinado hizo público su propósito y voluntad de reformar el régimen político vigente, lo que implícitamente suponía su reemplazo por un sistema democrático. Para ello tuvo que cesar como presidente al franquista Arias y reemplazarlo por Adolfo Suárez, a quien encargó el desmantelamiento de la dictadura. En el prolongado reinado de D. Juan Carlos I, que se inició el 22 de noviembre de 1975, es preciso distinguir y diferenciar con absoluta claridad dos etapas. La que va desde 1975 hasta diciembre del 78, en que es el Rey de una monarquía no democrática y en la que el monarca es titular de la soberanía y goza de amplísimos poderes; y una segunda etapa que se inicia con la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, en la que se establece la vigente Monarquía democrática en la que la soberanía reside en el pueblo español y el Rey se configura como símbolo y representante supremo de la Nación y árbitro neutral y moderador del sistema político, pero sin ningún poder de decisión política. En este cambio fundamental de la posición del Rey se concreta gráfica y significativamente la profunda y radical transformación política que vivió España entre 1975 y 1978. El Rey impulsó un proceso de cambio político para renunciar a sus amplísimos poderes y devolver la soberanía al pueblo español. Ese proceso de Transición no fue nada fácil y a pesar de los muchos obstáculos resultó muy exitoso. 

Con independencia de los graves errores que cometió el monarca con posterioridad y en su vida privada, su contribución al proceso de democratización de España es un dato incuestionable. Al conmemorar el inicio de su reinado es justo y obligado reconocerle esa decisiva contribución a la democratización de España. Ese proceso de cambio, la Transición, constituye una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. Los españoles ofrecimos al mundo un ejemplo de cómo es posible transitar de una dictadura a un régimen democrático de forma pacífica y a través del Derecho (de la ley y a la ley). La Transición tradujo políticamente el principio de reconciliación de los españoles y por ello su principal fruto, la Constitución de 1978 ha sido acertadamente definida por Alfonso Guerra -otro de los protagonistas de la Transición- como un “acta de paz”. La Constitución puso fin a la guerra civil y a la división de los españoles entre vencedores y vencidos, las dos Españas se integran en la España constitucional. Y salvo que incurramos en un formidable ejercicio de falsificación de la realidad y de la historia, tenemos que subrayar que bajo esta Constitución -la del consenso y la concordia- los españoles hemos alcanzado y disfrutado de los más altos niveles de libertad y prosperidad de nuestra secular historia. En un contexto político confuso y convulso, en que irresponsablemente y por ignorancia o mala fe se pone en cuestión la Transición, se manipula la historia, se desprecia al Rey como franquista, olvidando que él destruyó la monarquía de Franco, y surgen por doquier antifranquistas anacrónicos, es preciso defender con contundencia y honestidad el espíritu de la Transición y su principal legado: la Constitución del 78. 

Javier Tajadura Tejada es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco