El Gobierno de España ha presentado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera, para articular la condonación parcial de la deuda autonómica. La norma está actualmente en fase de alegaciones. Su objetivo explícito es permitir al Estado asumir parte de la deuda de las Comunidades Autónomas de régimen común. Según el anteproyecto, el volumen total que asumirá el Estado equivale aproximadamente a un 25% de la deuda total de estas CCAA, aunque su reparto esté particularizado, con un mínimo del 19%. Todo el anteproyecto es un agravio evidente hacia Navarra, a la que excluye expresamente de su ámbito de aplicación, ignorando por completo su régimen foral, tanto lo jurídico como en lo financiero. Por contra, la propia Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, reconocía la singularidad de Navarra, incluyendo disposiciones adicionales para un marco de negociación bilateral con el Estado. En el nuevo anteproyecto solo se cita a Navarra para advertir que el texto no le aplica. Tampoco se regula la obligación de articular un mecanismo bilateral que salvaguarde su posición en esta condonación. Algunos responsables políticos aseguran que Navarra no saldrá perjudicada y que ya está negociando con el Estado - la vicepresidenta del Gobierno de España ha dicho que ya hay un acuerdo. Pero las garantías políticas sin reflejo jurídico son papel mojado. En materia financiera e institucional, lo que no está por escrito, no existe. Amén de que, formalmente, nadie puede negociar sobre una Ley inexistente.

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El régimen de Convenio Económico entre Navarra y el Estado no puede quedar excluido de una operación de tal magnitud. Ni su equilibrio puede depender de compromisos verbales o pomposas declaraciones de intención. Si el texto legal no reconoce la singularidad navarra, se crea un precedente de invisibilidad jurídica que mina los fundamentos del régimen foral y perjudica gravemente a la economía de nuestra Comunidad. Es inaceptable que una ley de semejante calado no diga nada sobre cómo se abordará la posición de Navarra. No me refiero a un gesto político o de cortesía. Hablo de seguridad jurídica, coherencia institucional y respeto del orden constitucional. El texto debe corregirse ahora, en su aprobación como proyecto de ley por el Consejo de Ministros o, si no, mediante enmiendas parlamentarias en las Cámaras Legislativas. Debe incorporar un artículo y/o disposición adicional que reconozca la singularidad de Navarra y prevea su coordinación bilateral con el Ministerio de Hacienda.

La exclusión de Navarra no es un asunto técnico, sino una decisión política y jurídica con graves consecuencias, que altera un equilibrio institucional consolidado y debilita el reconocimiento constitucional del régimen foral. El Gobierno navarro debe exigir que la norma reconozca la singularidad de Navarra y que ninguna decisión del Estado afecte a su Hacienda sin el marco bilateral que le corresponde. En política financiera, como en Derecho, la omisión también agravia. Esta cuestión presenta también una dimensión económica que el Gobierno foral no puede obviar. Sin embargo, sus declaraciones no reflejan la firmeza necesaria, lo que resulta preocupante. Porque Navarra debería actuar con rigor técnico y determinación política en dos frentes a través del Convenio Económico.

El primero afecta a la aportación anual al Estado. En cuanto a los intereses de la deuda estatal, les diré que no hay margen político ni negociación posible porque la cuestión no admite discusión. Si el Estado asume deuda autonómica, Navarra no debe contribuir a financiar sus intereses. Menos directo, pero no por ello menos claro es el tratamiento de las amortizaciones de esa deuda. Hay que asegurarse de que queden excluidas del cálculo de la aportación para evitar que Navarra, por omisión, acabe financiando a los demás.

Hay un segundo plano que tampoco debe obviarse. Me refiero a la compensación económica directa dentro del Convenio Económico, pero fuera de la aportación. Esa deuda que ahora asume el Estado está basada en las consecuencias para las CCAA de la denominada ‘Gran Recesión’ y fue contraída en su día por las comunidades de régimen común para financiar sus competencias propias. Por coherencia institucional y por justicia financiera, Navarra, que sufrió exactamente lo mismo, y asumió el riesgo y coste de obtener financiación en los mercados, tiene derecho a una compensación equivalente, digamos mediante una transferencia directa del Estado, destinada a reducir deuda foral en la misma medida en que se condonará al resto de comunidades. Se estima que esta compensación rondaría los 700 millones de euros, equivalente al 25% de la actual Deuda de Navarra.

Estarán conmigo en lo significativo del orden de magnitud y en lo indiscutible del principio: si las demás comunidades reducen su deuda con dinero del Estado, Navarra debe disponer de un instrumento equivalente que le sitúe en condiciones similares. Debemos aspirar a la igualdad en los hechos, no solo en el discurso. Así, reitero que sorprende la ausencia de una postura firme por parte del Gobierno de Navarra. Hasta ahora, solo se le ha escuchado que ya negociará cuando la ley esté aprobada. ¿De verdad podemos permitirnos esa pasividad? Si esta es una medida “histórica”, como proclama el Gobierno de España, ¿por qué tenemos que esperar? Seguramente es miedo del Ejecutivo navarro a explicitar una postura clara que no pueda o no sepa sacar adelante. Navarra no puede ser una espectadora en una operación que afecta de lleno al equilibrio financiero del Estado y de la Comunidad Foral. Tiene instrumentos jurídicos, argumentos técnicos y legitimidad política para exigir un tratamiento equitativo y un reconocimiento explícito. Hay que hacerlo ahora, mientras la ley está en fase de redacción y puede corregirse. Porque cuando un proyecto de ley se aprueba mal, las promesas llegan tarde o no llegan. Y en materia de régimen foral, lo que no se defiende a tiempo, se pierde en el silencio.

María Jesús Valdemoros Erro. Lecturer en IESE Business School