La apertura del año judicial celebrada este viernes en el Tribunal Supremo, considerada la cita más importante de la Justicia por su contenido y solemnidad, fue mucho más que el acto “singular” con el que calificó su cuestionada participación el fiscal general del Estado. 

Procesado por la presunta filtración de la confesión fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro García Ortiz escenificó con su intervención la anómala situación con la que arranca el curso en los tribunales. Con el máximo representante del Ministerio Público a punto se sentarse en el banquillo y ser juzgado por magistrados del Supremo a los que también dirigió su discurso, convencido de la “independencia del Poder Judicial”. Y en medio del fuego cruzado entre las diferentes asociaciones de jueces, divididas por la continuidad del fiscal en el cargo. 

Presidida por el Rey, la ceremonia del Año Judicial no fue la escena más alentadora para retomar el curso y preservar el prestigio de instituciones esenciales en un Estado de Derecho. García Ortiz no está obligado a dimitir ni Sánchez forzado a relevarle, pero la alta responsabilidad que conlleva la Fiscalía debería ser razón más que suficiente para apartarse al menos hasta que se esclarezca el caso y se imponga lo que él llama “la verdad”. 

Tampoco ayuda a evitar el deterioro judicial plantones como el dado por el presidente del PP por mucho que tenga el derecho de protestar contra el Gobierno. Las injerencias de Pedro Sánchez acusando en vísperas a algunos jueces de “hacer política” son “inoportunas y rechazables”, como recalcó ayer la presidenta del Supremo. Por eso es el momento de recuperar el buen hacer de la Justicia y de exhibir sus indudables fortalezas para sacudirse el riesgo de devaluación al que le aboca el impacto de la crispación política. 

Urge por tanto corregir la tendencia porque el Año Judicial es el pistoletazo de salida a una insoportable sucesión de escándalos que salpican a Sánchez y la red corrupta presuntamente urdida por sus dos secretarios de Organización en el PSOE, al PP(casos ‘Gürtel’, ‘Púnica’ y ‘Kitchen’, entre otros) y al propio fiscal general.