Según refieren los medios de comunicación, en nuestro país padecemos varios problemas que parecen haberse enquistado. La mala situación del sistema de salud, el deterioro del educativo, la escasez y elevados precios de la vivienda, el mal estado de las infraestructuras ferroviarias y la elevada tasa de desempleo. A esto debería añadirse proporcionar la debida asistencia a más de mil menores no acompañados que se encuentran en Canarias más los que están repartidos por el territorio peninsular. Hace unos días se reunieron en Barcelona los presidentes autonómicos con el del Gobierno y varios ministros, se supone que para intentar resolver o al menos atenuar los problemas de los españoles. Sin embargo, en esa reunión se puso de manifiesto el desencuentro de tan altas autoridades. Nuestros dirigentes aprovecharon la ocasión para hacer lo mismo que un niño malcriado en una reunión familiar. Llamar la atención, mostrar lo mucho que les disgusta estar allí y poco más. Lo mínimo que podría esperarse es que se hubiera aprovechado el tiempo para mantener una sesión de trabajo sobre alguno de los asuntos mencionados. En vez de eso, unos aprovecharon para hablar una lengua distinta a la común y una presidenta para faltar al respeto a quienes tienen la suerte de poder expresarse en otra lengua además de en español.

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No resulta nada de extrañar esta situación cuando hemos conocido el informe de la UCO sobre las actividades de tres colaboradores directos del presidente del Gobierno. Después de meses de referirse a la conspiración contra el Gobierno de la extrema derecha apoyada por jueces, fiscales, Guardia Civil y medios de comunicación, nos hemos enterado de que, presuntamente, estos individuos han estado cobrando comisiones por adjudicaciones de obras, colocando a mujeres con las que tenían alguna relación en empresas públicas y perpetrando otras actividades presuntamente delictivas. El discurso del fango ha acabado embarrando al Gobierno y al partido del gobierno, que se encuentran inmersos en una ciénaga apestosa. Apestosa porque, siempre presuntamente, no solo se ven involucrados en una trama corrupta, sino también porque durante los últimos 7 años han saboteado y descalificado de una manera continua y sistemática a las instituciones del Estado para intentar controlarlas.

Las presuntas fechorías que hemos conocido ponen en evidencia el motivo para deslegitimar a las instituciones de nuestra democracia. Años descalificando a los jueces y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Años ignorando los procedimientos de revisión de los proyectos de ley por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Años en los que se han empleado de manera abusiva las proposiciones de ley y los reales decretos leyes para esquivar a estas instituciones. Años de atacar a medios de comunicación que se han permitido no hacer la ola a los miembros del gobierno. Peguntar de manera prepotente de quién depende la fiscalía es toda una declaración de principios. Defender al Fiscal General del Estado, que como mínimo es responsable de la mala custodia de documentación confidencial en la fiscalía, sin importar el enorme perjuicio que se causa a la institución y descalificando a un juez del Tribunal Supremo. El colmo de todo lo anterior ha sido conocer las actividades de una autodenominada periodista de investigación tratando de encontrar materia para desacreditar a fiscales y al mando de la UCO. 

El poder corrompe, el poder cuando no se controla de manera adecuada tiende a ser absoluto y el poder absoluto corrompe absolutamente. No se acaba de comprender que los dos ex secretarios generales del PSOE y su asesor hayan sido capaces, presuntamente, de manipular adjudicaciones de obras públicas a cambio de comisiones en diferentes administraciones públicas, sin que contaran con la complicidad de personas dentro de esas administraciones públicas. De la misma manera, se precisa la complicidad de los directivos de las empresas públicas que han colocado, en algunos casos sin trabajar, a personas por indicación del exministro y sus colaboradores. Todos estos hechos, presuntos, indican que se trataría de una corrupción sistémica vinculada a la estructura del partido y de miembros del gobierno.

Los ciudadanos medianamente conscientes de la situación nos hemos quedado sin palabras con los “cambios de opinión” del presidente, al parecer todos legítimos si son necesarios para mantenerse en el poder, y todavía sin reponernos de la estupefacción por los indultos a los condenados por el llamado procés, hemos asistido a la aprobación de la ley de amnistía, algo negado hasta la víspera de las últimas elecciones generales. No resulta de extrañar que quien es sospechoso de haber plagiado su tesis doctoral sea ahora sospechoso de haber dado un pucherazo en las elecciones que le llevaron a liderar su partido. Cuando el único programa político es alcanzar y mantener el poder, los medios para conseguirlo carecen de importancia.

Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Exdirector del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea