La Ley de Amnistía será examinada en cuanto a su constitucionalidad por el TC en su pleno del próximo 26 de junio, siempre a partir del recurso presentado por el Partido Popular. La ponencia redactada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán considera que, en tanto la Carta Magna no niega “explícita o implícitamente” la eventualidad de que se promulgue una amnistía, su aprobación puede ser perfectamente constitucional dependiendo del contenido de la norma de gracia, al tiempo que rechaza la mayoría de los argumentos expuestos por los recurrentes para echar abajo la Ley Orgánica 1/2024. Empezando por legitimar a las Cortes para sancionar tal iniciativa legislativa, entendiendo que los delitos cometidos en el “contexto” del procés que contempla la norma pueden ser objeto de amnistía, y procediendo a una interpretación positiva de su naturaleza “política”. La deliberación final entre los diez magistrados que participarán en la elaboración de la sentencia culminará la discusión institucional sobre el encaje de la Ley de Amnistía en la Constitución. A no ser que el Supremo optase por elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

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Aunque la más que probable división de pareceres en el TC, con sus consiguientes votos particulares, impedirá que se cierre el debate sobre la idoneidad democrática de la medida. Lo que parece claro es que el Gobierno de Sánchez, principal promotor de la ley con el único fin de mantenerse en el poder, respira aunque con cautela con la noticia conocida, pero sigue en vilo por el futuro de Puigdemont. Desde Junts aprovecharon la ponencia del Constitucional para cargar, una vez más, contra la justicia cuando no es favorable a sus intereses, en este caso el Supremo, al que acusan de estar en “rebeldía” y de “boicotear” la aplicación de la ley. En el previsible caso de que la resolución definitiva del TC atienda sustancialmente al borrador de la magistrada Montalbán, quienes pudieran verse beneficiadas por la amnistía alentarán su plena aplicación. Momento en el que aflorará la dificultad que afecta a Carles Puigdemont para regresar a España sin cuentas pendientes con la Justicia, puesto que los delitos de malversación, según el Supremo, quedan excluidos de la ley de gracia, lo que podría dar lugar a un postrero recurso del expresidente de la Generalitat ante el TC.