A principios de los años 70 del siglo pasado tuve la oportunidad de viajar por primera vez fuera de España para hacer un curso de verano en una universidad francesa. Todavía recuerdo la impresión que me produjo viajar en un tren moderno, limpio, que se desplazaba con gran velocidad (todavía no era de alta velocidad) y que llegaba a su destino a la hora en punto. En aquel tren había vagones para no fumadores. Ninguna de estas características estaba presente en los trenes españoles. Ni la limpieza era una cualidad de aquellos trenes de RENFE, ni la velocidad, ni mucho menos la puntualidad; ni tampoco se tenía consideración alguna con los sufridos no fumadores. Los Talgo cumplían alguna de estas características, pero desde luego no todas. Vivíamos en un país atrasado, al menos con relación a nuestros vecinos.

Muchos años después, con la entrada de España en la Unión Europea, los trenes se renovaron. Incluso los que no son AVE circulaban a una más que respetable velocidad, estaban limpios y sobre todo eran puntuales. Los trenes de cercanías de Madrid cumplían los horarios y prestaban un gran servicio todos los días. Se construyeron autovías y autopistas. Todos nos mostrábamos orgullosos de nuestro sistema de salud. En resumen, se modernizó el país. Esta modernización se extendió a los servicios que proporcionaba la Administración del Estado. Las pensiones se cobraban al poco de haberlas solicitado, y el ciudadano había dejado de ser considerado un súbdito al que se le atiende en una ventanilla por un funcionario malencarado. Sin embargo, desde hace unos años parece como si todo se hubiera deteriorado.

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Los trenes ya no ofrecen la garantía de puntualidad. Entre Zaragoza y Pamplona funciona un tren chu-chú, en el que muchos pasajeros están obligados a viajar de pie o sentados en el suelo, si encuentran dónde. La valoración que hacemos del sistema de salud se ha hundido, como acredita el crecimiento de las pólizas privadas de seguros de salud. La Seguridad Social, que fue, junto con Hacienda, precursora en la digitalización y modernización de sus servicios, ahora proporciona asistencia tarde y mal. Hace poco he tenido la oportunidad de conocer un caso de una empleada de hogar que ha sufrido un accidente de trabajo y tiene la mala suerte de que la entidad responsable de su prestación es el INSS. Transcurridos más de cuatro meses del siniestro, y ya producida el alta, que su empleador ha recibido puntualmente de ese organismo, no ha cobrado ni un céntimo de su prestación. Nada. Cero. Cuatro meses sin cobrar y sin tener una idea aproximada de cuándo verá satisfecho su derecho a percibir la prestación por incapacidad temporal que precisa para su subsistencia. Si esto es el “escudo social” y la “garantía de derechos” de los que tanto presume nuestro “gobierno de progreso”, no quiero ni pensar en qué realidad alternativa viven quienes dicen semejante sarta de estupideces.

Entonces ha llegado el apagón. De lo que ha ocurrido en esta emergencia pueden extraerse ya varias conclusiones. La primera es que los españoles hemos tenido un comportamiento cívico excelente. La segunda es que el gobierno no ha tenido ese comportamiento. Tardó demasiado en comparecer y además para no decir nada. La tercera es que no se sabe, o al menos el gobierno no lo sabe, qué es lo que ha pasado. La cuarta es que el gobierno, que no sabe lo que ha pasado, ya ha encontrado un culpable en “los operadores privados”. Además de todo lo anterior, la presidenta de Red Eléctrica, nombrada por el gobierno, a quien no se le conoce currículo que acredite su idoneidad para desempeñar esa responsabilidad, no ha comparecido en rueda de prensa y se ha limitado a conceder dos entrevistas en dos medios de comunicación supuestamente afines, aunque dos días después de la emergencia. Esta señora ha asegurado que no se repetirá el apagón, algo incomprensible, porque dice que todavía no se sabe qué es lo que ha pasado.

Parece como si después de la pandemia todo se haya deteriorado. Persisten los servicios de la Administración pública en los que se exige cita para ser atendido y la demora para resolver los casos en algunos de ellos es intolerable. El servicio de salud acumula lista de espera y problemas de calidad, no hay más que leer algunas cartas al director en este periódico, los trenes ya no son fiables, y todo esto mientras leemos que las plantillas de los organismos públicos no paran de crecer y el gasto público se dispara.

Da la sensación de que volvemos a vivir en un país atrasado, no solo en comparación con nuestros vecinos, sino en comparación con lo que ocurría no hace tanto tiempo aquí.

Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Exdirector del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea