Pacto por los más vulnerables
El acuerdo para evitar el hacinamiento de menores en Canarias genera discrepancias entre las Comunidades Autónomas que no deberían solapar la importancia de la solidaridad

Publicado el 08/02/2025 a las 05:00
El acuerdo alcanzado por los gobiernos central y canario sobre el reparto de casi 5.000 menores extranjeros entre el resto de comunidades autónomas es un primer paso para resolver el problema social más acuciante: el hacinamiento que sufren los jóvenes llegados al archipiélago y Ceuta, la población más vulnerable en esta crisis humanitaria.
La distribución de los migrantes no acompañados tendrá en cuenta el esfuerzo previo ya realizado por las autonomías. En la práctica, este matiz permitirá a País Vasco y Cataluña recibir un menor número de inmigrantes.
En la actualidad, el País Vasco tutela en sus centros forales a unos 900 chicos y chicas, y ha dado la voz de alarma ante la saturación de algunos de sus servicios de acogida. Cataluña, con algo más de 4.000 plazas para albergar ‘menas’, sería otra de las comunidades que se beneficiaría en esta ocasión de una menor presión en la próxima asignación de chavales.
En Navarra, las últimas cifras hablan de 129 menores acogidos.
La búsqueda de una salida a los hacinados en Canarias ha suscitado discrepancias entre Comunidades Autónomas al basarse en criterios como la población, renta, desempleo y esfuerzo realizado previamente en la acogida.
El PP, que gobierna en diez autonomías, tildó de “inmoral” el acuerdo y denunció un “trato de favor” en la distribución que buscaría beneficiar al PNV y Junts para preservar su apoyo a Pedro Sánchez. El partido de Puigdemont insiste en que Cataluña asuma las competencias migratorias.
Las diferencias en un asunto tan sensible como la gestión de la inmigración, y más cuando se trata de menores no acompañados, no deberían solapar el drama humanitario que se vive en aguas atlánticas, en las que perdieron la vida 10.000 personas el año pasado en su intento de llegar a España en busca de una vida mejor.
Con la ley de extranjería bloqueada, el mantenimiento de fuertes críticas entre autonomías y partidos sólo puede abonar el terreno a soluciones populistas o radicales a un problema muy complejo de abordar en el que no conviene olvidar lo realmente importante: la solidaridad.