"Españoles, Franco ha muerto”. Corría el año 1975 cuando Carlos Arias Navarro, entonces presidente del Gobierno de España, nos anunciaba el fallecimiento del dictador. Cincuenta años después, otro presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, emulando a Carlos Arias Navarro, nos lo ha vuelto a anunciar en un acto destinado a institucionalizar el comodín de Franco para desviar la atención de los casos de corrupción actuales y, conociendo la trayectoria del PSOE, de los que puedan presentarse en el futuro. 

Dicho acto, el primero del centenar previsto para todo el año 2025, y con un costo de más de 60.000 euros, se iniciaba con una versión cutre de la popular canción “Libertad sin ira” cantada por una tal Jimena Amarillo que invitaba a los asistentes a que “quien esté tieso que se destense. Y punto pelota”. Muy progresista todo, tía. En el acto, Pedro Sánchez vertió los consabidos latiguillos sobre la libertad, la democracia, el fascismo, la extrema derecha que “azuza el odio” (el burro hablando de orejas), y bla, bla, bla. Las airadas alusiones a la extrema derecha, puro postureo. 

Recordemos que no hace ni dos meses, y a cambio de que la exministra Teresa Ribera (ministra a la fuga tras el desastre de la DANA) accediera a una de las vicepresidencias de la Comisión Europea, el PSOE votó para que el candidato italiano de Meloni, el ultraconservador Raffaelle Fitto, accediera igualmente a la vicepresidencia del mismo órgano, y para que un húngaro, Olivér Várhelyi, designado por el también ultraconservador Orbán, fuera nombrado Comisario Europeo de Sanidad y Bienestar Animal. 

En la misma línea de coherencia, el Gobierno español ha pasado de llamar fascista a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, a condecorarla con La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Orden creada en el año 1815 por el rey Fernando VII y que reconoce “aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil” de quienes “contribuyan a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la comunidad internacional”. Glorioso. En España el PSOE nos alerta de que si no gobiernan ellos gobernará la ultraderecha, todo dicho mientras el gobierno de Pedro Sánchez sobrevive complaciendo a la extrema derecha del prófugo Puigdemont.

“Defender la libertad”, otro de los latiguillos de Pedro Sánchez en el acto de marras. El pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros, en su afán por amordazar a la prensa que le resulta incómoda, aprobaba el “Plan de Acción por la Democracia”, plan basado en el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. Entre las medidas punitivas contra los periodistas que avanza el gobierno de Pedro Sánchez, se encuentra la modificación del derecho al honor y la modificación integral del Código Penal para acotar los delitos de injurias contra instituciones del Estado.

 Ninguna de estas acciones punitivas están contempladas en el Reglamento Europeo que el PSOE retuerce a su conveniencia, es más, la directiva europea es muy clara en su afán por proteger a los periodistas de sanciones judiciales. En Navarra, la presidenta Chivite también anunció la puesta en marcha de una “agencia de verificación” pública para fiscalizar a los medios de comunicación. Un chiringuito más que dirigirá algún socialista de carnet y que, nos dicen, formaría parte de los instrumentos institucionales utilizados para “combatir la desinformación”. 

No han inventado nada. Con la formación del primer gobierno de Franco (enero de 1938), la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda ya existente pasó a formar parte de la administración del Estado y a depender del Ministerio del Interior contando con una Dirección General de Propaganda y una Dirección General de Prensa. En una reciente entrevista al histórico dirigente socialista, Francisco Vázquez, éste decía: “Olvidamos que el jefe de Gabinete del presidente de Gobierno, el señor Diego Rubio, es una persona que hizo una tesis doctoral en Oxford sobre la ética del engaño, de la mentira y del secretismo, en la cual señala que éticamente es posible manipular la verdad y a la opinión pública. Esta es la persona que tiene la dirección del equipo de casi 400 colaboradores que tiene Sánchez en Moncloa, dentro de los 960 colaboradores que tiene todo el conjunto del Gobierno”. Pues eso.

Y para seguir defendiendo la libertad, el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de Ley Orgánica de “garantía y protección de los derechos fundamentales” frente a lo que los socialistas consideran el acoso derivado de “acciones judiciales abusivas”. Una nueva normativa que limitará la acusación popular, una herramienta jurídica que permite a cualquier ciudadano o entidad personarse en procedimientos penales sin ser directamente afectado. El PSOE considera que “la instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito”, algo que no consideró cuando el PSOE se personó como acusación particular en el caso Gürtel; caso Bárcenas; casos Púnica y Lezo; operación Kitchen; caso Urdangarín…, pero claro, en esos casos no estaban involucrados ministros del PSOE; ni el hermano del presidente Pedro Sánchez; ni su mujer, Begoña Gómez; ni el Fiscal General del Estado.

Españoles, Franco ha muerto. ¡Viva Pedro Sánchez!

Chon Latienda Urroz. Comentarista política