La vivienda ha pasado a ser el asunto que más preocupa a los españoles, y los dos principales partidos -PP y PSOE- han decidido ofertar sus planes para atajar el problema. 

Pero poniendo el acento en sus diferencias ideológicas, sin el mínimo intento de aproximación para el abordaje de una tarea a la vez compleja y descomunal: hacer efectivos los derechos y las aspiraciones habitacionales de la gente, especialmente de los jóvenes. 

Si algo se ha demostrado es que resulta imprescindible el concurso de todas las instituciones para incrementar con celeridad la oferta correspondiente a una demanda que crece sin cesar. Que el Gobierno central y que el primer partido de la oposición se contraprogramen no sólo constituye un dislate partidista, sino que desencaja la distribución competencial en el Estado compuesto. 

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Las declaraciones que socialistas y populares han realizado contra su adversario directo resultan descorazonadoras. Si la necesidad de más viviendas y más asequibles, en propiedad o en alquiler, pretende afrontarse entre dos orillas separadas, la del “pelotazo” y la del “intervencionismo” -términos en los que discurre el reproche mutuo-, el problema irá a más. 

Es urgente la articulación, institucionalmente avalada, de una confluencia público-privada para dotar de suelo, ordenación e infraestructuras que promueva viviendas en las conurbaciones. Así como oportunidades de habitabilidad en los entornos en riesgo de vaciarse. Porque tanto los anuncios de Sánchez como los de Feijóo se quedan cortos o resultan de dudosa eficacia. 

La política de vivienda eficaz y justa será aquella que evite, de entrada, señalar enemigos. Si se demoniza por especuladora la inversión, y se la rechaza de plano, no habrá solución. Del mismo modo que fomentar la propiedad sobre el alquiler mantendrá los cuellos de botella; y es ahí donde las administraciones públicas han de contribuir a que el paradigma habitacional no sea el de la generación anterior. Empezando porque en una sociedad que es también de propietarios de inmuebles, estos puedan aspirar legítimamente a obtener la mejor renta de sus ahorros.