La cifra que titula este artículo ha pasado casi desapercibida. Recordemos el tema. En octubre de 2023, Volvo y Sunsundegui firmaron un contrato para convertir a Sunsundegui en el carrocero principal de Volvo. Dicho contrato fue firmado por un Órgano de Administración capitaneado por su Administrador Único, José Ignacio Murillo Garralda, cargo que ostentaba desde el año 2018. Un mes después, en noviembre, Sodena acordó la concesión de un préstamo de nueve millones de euros a Sunsundegui, préstamo condicionado a que Sunsundegui cambiara su Consejo de Administración.

En el mismo mes, el Administrador Único de Sunsundegui era reelegido en su cargo. 

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El 29 de febrero de 2024, la Junta General de Sunsundegui aprobó la composición del nuevo Consejo de Administración que contó entre sus miembros con el asesino de Jesús Ulayar. En esa misma Junta se aprobó que la retribución de cada uno de los nuevos consejeros fuera de 30.000 € brutos anuales; dichos acuerdos fueron presentados en el Registro Mercantil, que notificó una relación de deficiencias relativas a los mismos. El 2 de mayo de 2024 se reunió el nuevo Consejo de Administración, que todavía no había sido inscrito en el Registro Mercantil, para tratar de “subsanar las deficiencias notificadas por el Registro Mercantil”, requiriéndose la presencia y asesoría de Abogados Arpa. El 6 de mayo de 2024, con gran boato, la presidenta Chivite mantuvo en Palacio un encuentro con representantes de la empresa Volvo, encuentro en el que confirmaron la “buena marcha” del proyecto de fabricación de la carrocería de autobuses firmado en octubre de 2023 para convertir a Sunsundegui en el carrocero principal de Volvo. El 24 de mayo de 2024 se materializó, en el Registro Mercantil, la inscripción del nuevo Consejo de Administración de Sunsundegui y el cese de quien hasta entonces era el Administrador Único, José Ignacio Murillo Garralda. Un mes después, Volvo daba marcha atrás al acuerdo con Sunsundegui, y dos meses más tarde, el 20 de septiembre, el flamante Consejo de Administración convocaba a la Junta General Extraordinaria de accionistas para tratar, entre otros asuntos, “la situación de causa de disolución actual de la Sociedad”.

En cuatro meses, la actividad del recién nombrado Consejo de Administración de Sunsundegui ha consistido en acordar un salario bruto anual de 30.000 euros mientras los trabajadores cobraban sus nóminas con retraso; subsanar las deficiencias notificadas por el Registro Mercantil relativas a los acuerdos adoptados en la primera Junta; y, por último, en tratar sobre la eventual disolución de la Sociedad. Y todo ello por un importe de nueve millones de euros de dinero público aportado por Sodena; un pago, supongo, a abogados Arpa por su asesoría; y un pago, supongo, a los miembros del nuevo Consejo de Administración por su asistencia a las juntas. Negocio redondo.

¿Alguien cree que un inversor va a entrar en Sunsundegui sabiendo que uno de los miembros de su Consejo de Administración es un asesino que formó parte de una banda que extorsionaba a empresarios, pequeños comerciantes, profesionales liberales, deportistas, autónomos, hosteleros y un largo etcétera? ¿Alguien cree que un inversor se va a fiar de un gobierno que consiente que las decisiones de la empresa sean tomadas, entre otros, por tipos como el asesino de Jesús Ulayar? Ya nos dijo el encubridor de todos los despropósitos de este Gobierno, el vicepresidente Taberna, que el asesino de Jesús Ulayar tiene “sus derechos civiles acreditados”, igual que los tendría un pedófilo después de cumplir condena y ningún padre lo querría de entrenador de su hijo, ¡no te fastidia! Y también nos dijo Taberna que “la configuración del Consejo de Administración es responsabilidad de la empresa y la plantilla” obviando que fue Sodena la que impuso el cambio de ese Consejo de Administración a cambio de la aportación de nueve millones de euros.

UGT, el sindicato que preside el comité de empresa de Sunsundegui, lo ha dicho muy claro: Sunsundegui perdió “la confianza” de Volvo después de que se renovara el Consejo de Administración.

Sodena, empresa pública en manos de dos gobiernos autodenominados “progresistas”, ya acumula varios fracasos con grandes pérdidas de dinero público, y Navarra, en manos de esos progresistas, perdiendo su tejido empresarial a pasos agigantados mientras proliferan chiringuitos varios (empresas públicas) dirigidos y ocupados por personas con carnet. ¿Dónde están los que organizaban manifestaciones por la tortilla de Mediterránea de Catering? Seguramente colocados en los tropecientos cargos generados por este gobierno.

Chon Latienda Urroz. Comentarista política