El exministro, exsecretario de organización socialista y diputado en el Congreso, José Luis Ábalos, ha pasado a ser objeto de un suplicatorio por parte del magistrado Leopoldo Puente para que el Tribunal Supremo asuma el procedimiento abierto en su día por la Audiencia Nacional que afecta al aforado. 

El instructor, que le tomó declaración voluntaria el pasado 12 de diciembre, considera que, a pesar de las manifestaciones exculpatorias de Ábalos, éste podría haber cometido al menos cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. 

Es la conclusión a la que llega el Supremo a partir de los testimonios y documentos aportados a la causa por Koldo García y Víctor de Aldama, y los indicios recogidos por la investigación previa de la Audiencia Nacional. Aportaciones incriminatorias que no habrían sido invalidadas en la comparecencia del propio Ábalos. 

Que los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, hayan decidido votar a favor del suplicatorio en ningún caso presupone que consideren al exministro culpable de delito alguno, ni que suscriban de antemano una posible acusación contra él. Pero en el caso del partido de Pedro Sánchez se da una paradoja. 

Por una parte, parece lógico que desee ver a su exsecretario de Organización limpio cuanto antes de cualquier acusación, en tanto que acabaría salpicado por cuantas imputaciones contra quien fuera su ‘número dos’ se formalicen en un proceso que no se iniciará como poco hasta dentro de tres meses. Pero, por la otra, necesita que se sustancien cuanto antes las pruebas que existan sobre los delitos cometidos presuntamente por José Luis Ábalos para su lucro propio. 

De cuyas sospechas se valió sin duda el partido para apartarle de militancia tres años después de haberle cesado como ministro y como secretario de organización, y meses más tarde de haberle concedido un acta de diputado. La imputación, procesamiento y condena, si llegara a haberse, es el cortafuegos que el PSOE y el Gobierno necesitan para salir del atolladero del ‘caso Ábalos, Koldo, Aldama’.