Este año celebramos el 46 aniversario de la CE/78 y, pese a todos los pesares que nos acechan, estamos un poco mejor, si del Poder Judicial hablamos, puesto que el verano pasado se desbloqueó la renovación del CGPJ. Lo cual, sin tirar cohetes, es motivo de contento. 

El CGPJ debe buscar en un ejercicio prudente y equilibrado de sus funciones la legitimidad de ejercicio que inicialmente le ha brindado el acuerdo entre los dos principales partidos del país en Cortes Generales. 

Es cierto que han surgido otros problemas que tienen que ver con la aprobación de la LO 2/2024, de amnistía y con el intento de amordazar a los jueces bajo el señuelo de una figura hasta hace poco desconocida entre nosotros, lawfare (guerra sucia judicial), y que el bloque gubernamental agita a su conveniencia, como se ha visto en el reciente Congreso del PSOE en Sevilla, donde aplaudieron a la búlgara (unanimidad) a los responsables de los ERES en Andalucía, amparados por el TC como Biden a su hijo Hunter, sin dejar de olvidar que gracias a su pasividad, y quien sabe connivencia, se malversaron cerca de 700 millones de euros. El aplauso cómplice no salva el honor de los culpables.

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La CE/78 diseñó el modelo judicial español sobre la base del comparatismo europeo, no siempre bien traído, pero que buscó al menos en la intención del Ministro de Justicia de la época, Landelino Lavilla, luego brillante figura de la política española, evitar parecerse a la justicia italiana, entonces caracterizada por su especial retraso (dilaciones indebidas) como tantas veces le ha reprochado el TEDH, y así sigue. Pero en especial, por su politización. 

Es cierto, sin embargo, que el genio político italiano ha logrado despolitizar, al menos en comparación con el modelo de justicia constitucional española, los nombramientos de la corte constituzionale. Allí, la figura de los nombramientos por el turno del presidente de la República ha concitado paz y acuerdo. 

En España, la figura de la monarquía parlamentaria, aunque el Rey sea Jefe del Estado, impide algo parecido, que ayudaría sin duda a despolitizar los nombramientos de la cúpula judicial. 

Ahí tiene en estos días el CGPJ su test de legitimidad, con ocasión del nombramientos de las presidencias del TS, en concreto de la Sala de lo Penal (Segunda), con el relevo de Manuel Marchena y también de la Sala Tercera, así como de otros altos nombramientos como la presidencia de la Audiencia Nacional etc...

La justicia española, sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por los diversos gobiernos, no ha dado con la tecla de su verdadera modernización y sobre todo del reclutamiento de su cúpula sin producir verdaderas crisis constitucionales como ha ocurrido casi siempre con la renovación del CGPJ, órgano que no ha conseguido su aclimatación apolítica entre nosotros y que su próxima reforma, que debe proponer el propio Consejo, nos dirá si es un órgano que deba mantenerse o no en una futura reforma constitucional.

En estos días en los que la CE/78 cumple años, las Cortes Generales van aprobar sin apenas ruido y debate, la Ley orgánica de Eficiencia de la Justicia, que trae cambios importantes en materia organizativa con la supresión del juez unipersonal y su sustitución por los tribunales de instancia colegiados y la supresión de la Justicia de Paz por las oficinas municipales. 

Además, como suele suceder en estas macrorreformas (ocupa más de 230 páginas de los Boletines de Cortes) se han incluido la modificación de diversas leyes procesales, que el tiempo acreditará su bondad, aunque sea más que discutible tanta improvisación. 

La urgencia deriva de la necesidad de percibir un capítulo de los fondos europeos, aunque nos tememos que poco quedará para la justicia. Eso sí contiene la reforma de la Ley de Planta y la actualización de las retribuciones judiciales. ¡Larga vida a la CE/78, y en especial a una Justicia independiente y poco sensible a los intereses del poder político! 

Manuel Pulido es abogado y doctor en Derecho