Durante las últimas semanas, se han sucedido varios acontecimientos de gran trascendencia política, que por la terrible desgracia de las inundaciones en el Levante español corren el riesgo de olvidarse con demasiada rapidez. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado las tres querellas contra el juez encargado de la investigación sobre las actividades de la esposa del presidente del Gobierno. 

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado ordenó el registro del despacho de tan alta autoridad. El juez instructor del llamado caso Koldo ha remitido sus actuaciones al Tribunal Supremo por considerar que se debe investigar al ex ministro de Transportes, ex vicesecretario General del PSOE y ahora diputado. 

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados ha abandonado el cargo, el escaño y la política por haberse conocido su comportamiento con las mujeres.

En circunstancias normales, cada uno de los sucesos enumerados por sí mismo constituiría un hecho de la suficiente relevancia para justificar que el presidente del Gobierno se explicara ante los ciudadanos, quizá presentara su dimisión, o incluso convocara elecciones. 

Salvo las habituales alusiones al fango y la también habitual tergiversación por el ministro de Justicia de las resoluciones judiciales, no se conoce reacción alguna. No es propio de un país democrático que se investigue judicialmente a la esposa del presidente del Gobierno y este no se haya dignado a dar la más mínima explicación de lo ocurrido.

No existen precedentes de un fiscal general investigado por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Mucho menos de que un magistrado del Tribunal Supremo ordene el registro de su despacho oficial. 

Resulta inconcebible que esa persona se mantenga en el cargo y no haya dimitido o sido invitado a dimitir. Debe recordarse que en el procedimiento judicial interviene el ministerio fiscal, en teoría una persona con dependencia jerárquica del investigado.

En el supuesto caso de corrupción que involucra al ex ministro de transportes, a su colaborador más próximo y a la vicepresidenta de Venezuela, entre otros, las declaraciones gubernamentales se han limitado al habitual “y tú más”, acompañados de la también habitual letanía de trivialidades como “tolerancia cero con la corrupción” e “investigar hasta el fondo caiga quien caiga”.

Además de las responsabilidades personales en que pudiera incurrir el ya ex portavoz de Sumar, lo que se ha transmitido a la opinión pública es que las dirigentes políticas de ese partido, Más País y Más Madrid han tenido un comportamiento basado en tres acciones: negar, ocultar y huir hacia adelante. 

Esta conducta es exactamente la opuesta a la predicada desde hace años por el propio involucrado y por las líderes de los partidos mencionados. También en este asunto el presidente del Gobierno se mantiene impertérrito. Como mucho, se refiere a cualquiera de los casos mencionados antes con la expresión “fango”.

Todo este batiburrillo pone de manifiesto el deterioro institucional en que está inmerso nuestro país. Su máximo exponente ha sido mantener el pleno del Congreso para consumar la ocupación de TVE, mientras tantos valencianos luchaban por su vida y por sus bienes. No cabe mayor desvergüenza.

La ruina institucional se ha puesto de manifiesto con toda su crudeza con motivo de las terribles inundaciones. Es incomprensible tanta incapacidad para la prevención y tanta ineptitud para la gestión de las consecuencias de la catástrofe que ha costado más de doscientas víctimas y la ruina para miles de familias.

Las urgencias y emergencias no se planifican por definición. Lo que sí se puede y debe planificar es la prevención y la respuesta que ofrecen las instituciones públicas a los desastres naturales. 

Resulta inexplicable que en un territorio donde se repiten las inundaciones no se cuente con un plan de prevención y otro de gestión de la emergencia. No es de recibo que los equipos de socorro hayan tardado días en llegar a poblaciones afectadas. 

Tampoco se comprende que se haya sido cicatero con la movilización del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional, mientras se declinaba el inmediato apoyo de bomberos ofrecidos por Francia. Si alguien sabe cómo moverse por terrenos difíciles, llevar los recursos necesarios, y gestionar catástrofes son precisamente los bomberos y las fuerzas armadas, que para eso cuentan con los ingenieros militares, con su maquinaria pesada, y con el cuerpo de intendencia. Resulta inexplicable que se hayan producido saqueos mientras policías y guardias civiles esperaban su movilización. El contraste con el comportamiento de la clase política ha sido la extraordinaria movilización de voluntarios y la entereza del Rey ante las protestas cuando visitaba la zona.

La incompetencia de los gestores públicos no ha podido ser más evidente, quizá porque están distraídos con el barullo del cúmulo de escándalos que les rodea ¿Hay alguien ahí?

Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, entonces Servicio Regional de Salud.