El Gobierno foral y sus socios, muy dados a resolverlo todo a golpe de decreto, ya lo han anunciado esta semana. Se van a dar prisa en declarar cuanto antes las primeras “zonas tensionadas” en el mercado de la vivienda, una figura que permite poner límite legal a los precios de alquiler. Se avecinan debates de trazo grueso sobre vivienda. De esos donde todo es blanco o negro. Mal asunto.

Navarra tiene un tamaño asequible, un alto nivel de recursos públicos disponibles, un sector económico muy preparado (ligado a la construcción y a la rehabilitación), conocimiento y experiencia de gestión pública de muchos años. No debiera ser imposible alinear todas estas fortalezas y poner soluciones reales sobre la mesa para crear vivienda asequible y hacerlo a un ritmo elevado. Salvo que acabe siendo el sesgo ideológico el que prime a la hora de dar respuestas, lo que es un riesgo evidente en Vivienda, un departamento en manos de Podemos en el reparto de socios de María Chivite en el Gobierno foral.

Jóvenes e inmigrantes. El acceso a la vivienda es un problema real. Y a pesar de que Navarra no es comparable ni en precios ni en el volumen de situaciones sangrantes con las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, también aquí figura en primera línea de las preocupaciones.

Una sociedad con un alto nivel medio de vida, como la de la Comunidad foral, arrastra altos niveles de precios, lo mismo si hablamos de la vivienda que de la hostelería o los conciertos de fin de semana. Pero si de los segundos es posible privarse, la vivienda es un bien esencial de la que no se puede prescindir.

Es evidente que el problema se ceba en dos nichos de población muy especiales: el de los jóvenes y el de los inmigrantes. A los primeros, los precios les cercenan el derecho a formar su propio hogar, y es la razón que hace que la emancipación de los hijos se vaya retrasando en Navarra desde hace años. Trabajan, pero sus salarios no les dan para independizarse, con todas las consecuencias sociales que eso tiene.

Y los inmigrantes como colectivo son otro gran grupo a los que les impacta porque un modesto nivel de ingresos general les impide también encontrar un piso en un mercado de precios elevados de por sí. Y da lugar además a un amplio submundo de explotación (en habitaciones o en bajeras sin licencia) como los que estamos atisbando en las informaciones periodísticas estas semanas. Dos grupos, no son los únicos claro, que no debiéramos contraponer entre sí como si fueran rivales por el mismo bien escaso.

Precios asequibles y datos reales. Lo que faltan son viviendas a precios asequibles. Y, ahora, en alquiler, con una población joven necesitada e itinerante en trabajos y vida personal. Por eso la regulación del alquiler es un tema de moda. El problema es cómo construir normas que generen equilibrio entre las distintas partes (inquilinos y propietarios) sin demonizar a unos o a otros. Porque el mercado de la vivienda puede romperse todavía más. La izquierda quiere poner topes legales al alquiler. Lo ha hecho ya en Cataluña. Los primeros resultados allí indican que el precio ha bajado algo (un 5%), pero lo que ha caído de verdad (17%) son los alquileres que se firman. Es decir, que el control que sienten excesivo hace huir a los propietarios.

Y hay que ser conscientes de que la mayoría de los pisos alquilados son de pequeños propietarios que ahorran con el ladrillo y completan así sus ingresos o sus pensiones, no de grandes rentistas capitalistas ni de fondos de inversión.

Hace falta ampliar el número de viviendas en alquiler, no asustar a los que las poseen convirtiéndolos en los malos. Tampoco abandonando a su suerte al inquilino.

Medidas realistas. Y hacer viviendas asequibles y de alquiler no es sencillo, ni se hace rápido, ni sale barato. Pero es imprescindible. Las medidas efectistas estorban mucho más que ayudan. Pero esa es la tentación permanente en la política. Golpes de efecto para generar titulares puesto que el problema no lo vamos a resolver.

Puestos a pensar, los profesionales del ramo desgranan necesidades evidentes que sí están en manos de la Administración. Son dos. Acelerar la creación de suelo para vivienda (y alrededor de Pamplona hay dos grandes bolsas en Echavacoiz y Donapea que están lejos de materializarse). Y recortar normativas y rigideces de todo tipo que encarecen la construcción. ¿No podríamos empezar por ahí?