Una nueva anomalía histórica
La imputación penal del fiscal general, inédita en democracia, recuerda que es la hora de los jueces y que el legítimo derecho a defensa de García Ortiz cohabita con una nueva erosión institucional
Publicado el 17/10/2024 a las 05:00
No había ocurrido nunca. Por primera vez en la historia de la justicia española, el Tribunal Supremo imputa un delito a un fiscal general de Estado y promueve un procedimiento penal contra él. E
l alto tribunal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra Álvaro García Ortiz, el máximo responsable del Ministerio Público en España, por un presunto delito de revelación de secretos.
¿El trasfondo? Haber revelado datos confidenciales sobre la investigación por delitos de defraudación tributaria contra la pareja de la presidenta de Madrid. Esas informaciones confidenciales de la negociación con el letrado de la pareja de Ayuso fueron difundidas en una nota de prensa oficial de la Fiscalía ordenada por el propio García Ortiz.
Además, el Supremo valorará las supuestas filtraciones anteriores a la prensa afín de correos electrónicos de la causa.
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En un día de pulsaciones altas ya de por sí por el cruce de ataques a costa de la corrupción entre el líder de la oposición y el presidente Sánchez, al Gobierno le faltó tiempo para salir en tromba a defender la “profesionalidad y honorabilidad” del fiscal general. El argumentario difundido por Moncloa fue claro: “García Ortiz hizo lo correcto y sólo desmintió un bulo”.
Los ministros Marlaska, Bolaños o Montero lo soltaron de carrerilla ante los micrófonos. También la vicepresidenta Díaz, que abortó de inicio cualquier fractura con su socio de Gobierno por este tema. Incluso el propio imputado empleó el mismo argumento: descarta dimitir y defiende que sólo desmintió un “bulo” que “comprometía la imagen de la institución”.
Ni la defensa pétrea al fiscal general ni las peticiones dimisionarias previas a juicio ayudan a la separación de poderes ni al crédito que merece el judicial. Es ahora, con los togados empezando a dilucidar si la actuación del fiscal fue irregular, cuando no está de más reseñar que tan lícito como el derecho a defenderse que tiene García Ortiz es la anormalidad que ejemplifica una actuación inédita en democracia, otra polémica que erosiona aún más las instituciones y que alienta el descrédito ciudadano hacia ellas. Más terreno inexplorado.
